Terrasa ha anunciado que el próximo lunes viene a Palma la responsable de Obras y Patrimonio del Ministerio de Justicia para evaluar la situación y poner en marcha la elaboración de un plan de edificaciones para Palma, ha explicado en una rueda de prensa en la que ha presentado la «Memoria sobre el estado, actividades y funcionamiento del TSJIB» correspondiente a 2018.
Según el presidente del TSJIB, la situación «es crítica» en todas las dependencias judiciales de Palma. «Aquí no cabemos, en Vía Alemania es obvio que no caben y en la Gerreria no caben», ha precisado sobre la sede del TSJIB y de la Audiencia y las demás dependencias.
Ha indicado que, además de que no hay espacio suficiente, hay juzgados desplazados de lugar, y si hay que poner un refuerzo «no hay sitio» donde hacerlo.
El plan de edificaciones estudiará cuántos edificios hay, qué tipo y número de órganos hay en cada edificio y cuántos se necesitan para aumentar la planta a medio plazo, se analizará la necesidad de espacio y también las posibilidades de distribución, con el objetivo de «caber con una holgura adecuada funcionalmente y de cara al futuro inmediato y a medio plazo».
Según Terrasa, dicho plan debería prever que todos los órganos judiciales actuales quepan, que no estén diseminados o desperdigados y que quede «algo de espacio remanente para poder crear a medio plazo los que fueran necesarios».
Sobre esas necesidades, Terrasa ha dicho que falta un magistrado para la sala de lo Social del TSJ y otro para la sección segunda de la Audiencia Provincial.
Además hacen falta varios juzgados en Palma: 3 Juzgados de Primera Instancia en Palma y uno de Violencia de Genero, de lo Contencioso-administrativo y de lo Social. «Y no tenemos sitio donde meterlos», ha recalcado.
En cuanto a la litigiosidad, Terrasa ha destacado que 2018 ha finalizado con 6.622 asuntos pendientes más que el año anterior en los órganos judiciales de Baleares, lo que supone un incremento del 10,9 %, algo que ha atribuido en parte a nuevos asuntos ingresados y en parte de resolución pendiente.
Baleares se mantiene como la cuarta comunidad en tasa de litigiosidad, con 138,6 asuntos por cada 1.000 habitantes, por encima de la media nacional de 126,1 (según datos de 2017. Además, Baleares cuenta con 12,4 jueces cada 100.000 habitantes.
En el ámbito civil, Terrasa ha señalado que el resultado «no es del todo bueno», porque aunque la capacidad resolución ha aumentado un 14 %, han ingresado muchos asuntos, de manera que quedan pendientes 35.229, un 31,5 % más, por la influencia del incremento de asuntos relativos a las cláusulas suelo.
En el ámbito penal los asuntos pendientes han bajado un 8,7 %, con 21.232; en lo Social han bajado los asuntos pendientes un 4,7 % (6.692) y sigue aumentando la capacidad resolutoria; y en lo contencioso-administrativo aumenta la pendencia un 15,5 % (4.096) por el aumento de los asuntos ingresados.
Terrasa ha destacado que el Juzgado de lo Penal número 8 de Palma, el competente en la ejecución de sentencias, ha logrado una reducción de las ejecutorias pendientes, de manera que a finales de 2018 quedaban un 11,9 % menos pendientes.
También ha destacado la situación de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer exclusivos de Palma, que requieren la creación de un tercer juzgado.
Ha explicado que han ingresado un 31,5 % menos asuntos civiles, de los que han quedado pendientes al final del año un 42 % menos (146); y en el ámbito penal han entrado un 37,1 % menos, y han quedado pendientes un 14,7 % menos (890).
El descenso en el ingreso de asuntos penales rompe la tendencia tras las subidas del 5,7 % en 2015, del 22,8 % en 2016 y del 55,1 % en 2017.
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