La nueva normativa implica que el juzgado que ejecuta el lanzamiento tenga que dar información a los inquilinos morosos sobre los servicios sociales a los que puede acudir, algo que ya se hacía por parte de los juzgados, al menos en Palma, donde se les remitía a la Oficina Antidesahucios de Cort. La novedad es que la norma también obligaría a que se de traslado de oficio por parte del juzgado del expediente de lanzamiento a los servicios sociales para que éstos intervengan.
Los jueces plantean la colisión frontal de esta disposición con la Ley Orgánica de Protección de Datos. El decreto ley prevé un plazo máximo de un mes para que estos servicios intervengan que se amplía a tres cuando el dueño de la vivienda es una persona jurídica.
Durante ese tiempo se suspende la tramitación judicial. Este trámite, en sí mismo ya dilata el procedimiento. La inquietud entre jueces es que la demora será mucho mayor en la práctica al incrementar la carga de trabajo, tanto de los propios servicios sociales, como de las oficinas judiciales.
Según la situación de cada uno de los juzgados, antes de esta modificación, el plazo para que un propietario pudiera expulsar a un inquilino moroso estaba en torno a los dos meses.
El acuerdo de la junta de jueces de Palma prevé vehicular estas indicaciones a través de la oficina municipal, en el caso de Ciutat. El problema surge con el resto de municipios del partido judicial que no tienen un órgano similar. Ahora mismo se informa a los afectados de la posiblidad de acudir a la Fundació IRES –de atención integral a las familias– y se pide su autorización para facilitar sus datos a ambos organismos. La provisionalidad de los interlocutores en las otras administraciones ante la cercanía de las elecciones dificulta la búsqueda de una solución más a largo plazo para dar cumplimiento al decreto ley.
En 2018 se tramitaron por los juzgados de Primera Instancia de Palma 1.915 procedimientos relacionados con alquileres cuya cifra se ha incrementado en los últimos años. Por el contrario, los que derivan de impagos hipotecarios se han reducido a cifras mínimas y fueron 220 cuando hace solo cinco años eran más de un millar, si bien, algunas entidades bancarias acuden a otros procedimientos.
Juzgados de Primera Instancia
Los cambios legales, en este caso los introducidos en la anterior reforma de junio del año pasado para agilizar el desalojo de okupas, también prevén la intervención de los Servicios Sociales. Sin embargo, en este caso solo lo harán si los expulsados de la vivienda autorizan al juzgado a que de sus datos a las autoridades, algo que no se contempla en el caso de los alquileres. El año pasado fueron 48 los procedimientos verbales que se llevaron a cabo en los juzgados de Primera Instancia de Palma para expulsar okupas. Esta es solo una de las vías que emplean los propietarios afectados ya que, en muchos casos, se acude a los juzgados de Instrucción para iniciar un procedimiento penal y pedir el desahucio como una medida cautelar. Esta medida es más rápida y sí es adoptada por algunos órganos.
63 comentarios
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Hay que ocupar las casas de los políticos de izquierdas..que son los que se llenan la boca con los derechos de las personas, proponen expropiar y utilizar las casas vacías ....y a la gente que se lo ha currado que le den..primero los okupas. OCUPA LA CASA DE UN POLÍTICO....veremos como cambian rápido...sin vergüenzas !!!
La ocupación debería de ser un delito con una intervención inmediata por parte de la autoridad, deteniendo al okupa, salvo que justifique su título de propiedad o posesión en el acto. Si robas comida, o conduces hebrio, la autoridad te detiene y tienes un juicio rápido; ocupas una casa y te tiras un año viviendo debajo de un techo. Quien no tenga casa, tiene que acudir a lo sericios sociales, o ponerse a trabajar. Si no hay casas ni trabajo para los residentes de las islas, pues se tienen que ir a otro lugar. No cuestión de exclusión, sino que en las islas, el especio es líitado por sentido común. No tienen sentido proteger al okupa, yo pago mis IBIs y mis impuestos, ayudo a sostener este cotarro y nadie me protege a mí.
Pues anda que no van a verse pisos sin alquilar!! Esto sólo pasa en España, en cualquier país del mundo, incluso los subdesarrollados, si alguien se le ocurre ocupar una propiedad que no sea suya, los propietarios lo tienen clarísimo, Ya mismo se tendrán que pensar en aplicarlo aqui!! Estamos fomentando una nueva modalidad delictiva!!
Ahora los dueños pediran avales bancarios a todos y veremos como el ciudadano normal trabajador, hace frente a esta situación. En vez de ayudar , facilitar la vivienda y los precios, con esto lo complican todo mucho mas. Conclusión: a comer ajos!
Luego la gente se quejará de alquileres caros. Con estas Leyes, los propietarios se lo van a pensar 2 veces antes de alquilar.
Todos los que votamos PP el 2011 podemos darle las gracias a M. Rajoy y a Soraya de que esto siga ocurriendo. Con una mayoría absoluta no hicieron nada para cambiar las leyes socialistas. Por esto ahora la derecha está dividida, la izquierda tiene casi todos los medios de comunicación que manejan a la sociedad española cual rebaño de ovejas y Sánchez está en La Moncloa.
Ya mismo se estudiará delincuencia. Una profesión de presente y futuro.
con esto consiguen que haya menos viviendas en alquiler con la consecuente subida de precios al crecer la demanda, ...así que la gente que trabaja para pagar un alquiler lo tendrá aún mas difícil...mas derechos para los okupas y menos para los que pagan
Que nadie pague NADA. Que nadie TRABAJE. Y que todo el mundo vote a PODEMOS.
Vendí mi segunda residencia hace un mes a unos nórdicos con un beneficio del 300*100...me llevo la pasta a invertir fuera de Mallorca, que lidien otros con los okupas y los políticos que los amparan. A mí nadie me dio nada jamás, no le debo nada al Pacte que nunca vote, si quieren viviendas sociales para sus amigos perroflautas e ilegales que los alojen en sus propiedades, porque las mías han pasado a manos de guiris...