La firma de abogados Rivero Mestre LLP ha presentado este lunes en una corte federal de Miami cuatro demandas colectivas contra los grupos hoteleros Cubanacán, Gaviota y Gran Caribe, bajo control del Gobierno cubano, y ha notificado a las cadenas hoteleras Accor, Barceló, Blue Diamond e Iberostar --asociadas con los primeros-- que disponen de 30 días para responder a los demandantes.
El presidente de la patronal hotelera, Juan Molas, que ha inaugurado junto a la secretaria de Estado de Turismo en funciones, Isabel Oliver, el ITH Innovation Summit que se está celebrando estos días en Madrid, ha dicho que siempre mantiene «un apoyo total a las empresas españolas».
El directivo aseguró que la asociación no opina de acontecimientos «fuera de nuestras fronteras», ni sobre «empresas en particular», si bien ha añadido que las empresas españolas «tendrán siempre todo nuestro apoyo».
Respaldo del Gobierno
El Gobierno ya dijo en abril que respaldará a las empresas españolas con actividad en Cuba ante las posibles demandas y sanciones, después de que Estados Unidos haya reactivado la norma que permitirá demandar a las compañías extranjeras implantadas en la isla caribeña. Tras reactivar la ley, la Unión Europea ha avisado a Washington de que recurrirá a «todas las medidas adecuadas» para minimizar sus consecuencias.
Las reclamaciones, presentadas contra las hoteleras cubanas por lucrarse con propiedades expropiadas en Cuba por las autoridades castristas a ciudadanos estadounidenses, se han amparado en el artículo III de la Ley Libertad, conocida como ley Helms-Burton, y afectan también a Trivago y Booking.com, según informa la prensa local por promover los hoteles propiedad del Estado cubano que son operados por las cuatro compañías.
Si las cadenas hoteleras no responden en el plazo de los 30 días estipulado por la citada ley, serán incluidas como demandadas, y también las dos compañías matrices de las compañías de reservas. Estas notificaciones se añaden a la de la familia Mata enviada a Meliá Hotels Internacional el pasado 20 de mayo, cuyo plazo está pendiente de cumplirse, según recuerda el despacho de abogados.
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