Armengol ha explicado a la prensa que una normativa que limite la entrada de «megacruceros» corregiría «ciertos desequilibrios entre residentes y turistas» de la capital balear que pueden producir cambios «en la fisonomía del modelo económico» de la ciudad.
La plataforma, que reúne a 28 asociaciones, pide regular este fenómeno y ha entregado a la presidenta socialista 10.316 firmas para reducir el impacto medioambiental de estos buques y mejorar la calidad de vida de los residentes.
Ante este reclamo, Armengol ha mantenido que se trata de una polémica «existente y real», por lo que ha defendido que el ejecutivo autonómico abordará esta situación junto al resto de instituciones públicas implicadas en este asunto, como el Ayuntamiento de Palma, el Consell de Mallorca y la Autoridad Portuaria de Baleares.
Además, ha comentado que el fenómeno de los «megacruceros» no solo se produce solo en Palma, sino también en otras ciudades como Barcelona y Venecia, por lo que ha insistido en la necesidad de elaborar un plan para frenar esta saturación, que «es evidente en ciudades pequeñas como Palma».
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