Estos nuevos mecanismos de control consisten en la realización de inspecciones en empresas del sector para comprobar que cumplen la legalidad en su actividad y en revisiones aleatorias de la documentación presentada a la Dirección General de Transporte Marítimo y Aéreo de las declaraciones responsables correspondientes a las embarcaciones destinadas al servicio de chárter, ha informado la Conselleria de Movilidad y Vivienda en un comunicado.
Las inspecciones empezaron a hacerse el pasado 25 de julio y consisten en la comprobación de la disponibilidad del alta del IAE en el epígrafe «alquiler de embarcaciones»; el alta en el Registro de bandera y lista 6.ª española; en caso de que no sea bandera española se comprueba que dispongan del «Commercial use certificate"; y se comprueba el seguro RC obligatorio en vigor y con coberturas equivalentes al del seguro obligatorio de viajeros.
Desde el 25 de julio se han visitado 17 empresas y se ha revisado la documentación de 129 embarcaciones, en puertos de los municipios de Palma, Calvià, Andratx y Alcúdia.
El resultado general hasta el momento es de cumplimiento de la normativa, especialmente por parte de las embarcaciones de pabellón español.
Sin embargo, los indicios revelan la presencia de embarcaciones de bandera extranjera sin «Commercial use certificate», dadas de alta en el Registro balear de alquiler de embarcaciones de recreo.
En cuando a la revisión de las declaraciones responsables, en mayo se inició el procedimiento aleatorio de inspección de un 1 % de ellas. Se han revistado 25 declaraciones responsables y se ha pedido a los declarantes la documentación que los habilita para ejercer la actividad.
Fruto de estas actuaciones se han detectado deficiencias que han dado lugar al inicio de los correspondientes expedientes informativos. Está prevista próximamente una nueva revisión aleatoria de otra remesa de expedientes de declaraciones responsables.
Las declaraciones responsables presentadas hasta el 1 de agosto de este año suponen un incremento de casi el 42 % respecto a las existentes en 2018, al pasar de 2.862 a las 4059 vigentes a la actualidad, algo que la Conselleria atribuye a la regularización del sector.
En cuanto a los expedientes sancionadores abiertos por la Conselleria, en 2015 fueron 3, en 2016 fueron 22, en 2017 fueron 10, en 2018 se presentaron 68 denuncias y se abrieron 25 expedientes sancionadores y este año van 8 denuncias y 5 expedientes.
La Conselleria ha recordado que en mayo de 2017 se aprobó el decreto que regula la actividad de alquiler de embarcaciones y barcos de recreo, se creó el listado de las embarcaciones de recreo autorizadas semanal y público en la web de la Dirección General de Transporte Marítimo y Aéreo y dicho organismo tiene una unidad dedicada en exclusividad a esta materia, con un técnico marítimo, dos técnicos jurídicos y un auxiliar administrativo.
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