El PP urge a Cladera a renegociar para no perder 237 millones para carreteras

Galmés ha lamentado que «la herencia del despilfarro socialista de los tiempos de Armengol» al frente del Consell de Mallorca, que destinó a gasto corriente 95 de los 131 millones aportados por el Estado para carreteras y, en consecuencia, no los pudo justificar, «ha lastrado el convenio desde entonces», ha informado el PP en un comunicado.

Según Galmés, esa situación obligó a replantearlo en la legislatura en la que presidió el Consell María Salom, con su aprobación en Consejo de Ministros a principios de 2015, y llevó al Pacte de la pasada legislatura a plantear una segunda revisión «que Pedro Sánchez, en el último año y medio y a falta de menos de 20 días para las elecciones, todavía no se ha sentado a negociar».

El portavoz popular en el Consell de Mallorca recuerda que el montante total del convenio vigente es de 431 millones de los cuales, hasta la fecha, el Consell de Mallorca sólo ha justificado 152 millones, mientras tiene obras en marcha por un importe de otros 42 millones.

«Faltarían por ingresar del Estado al Consell un total de 237 millones de euros hasta el año 2022», fecha en la que expira el convenio. Galmés ha insistido en que «escarmentado por el despilfarro de Armengol, el gobierno del Estado estableció que para asegurar que las obras con cargo a los fondos estatales se llevasen a cabo el Consell tenía que avanzar el dinero y justificar la ejecución del proyecto».

Ha denunciado que «el retraso en la ejecución de las obras de carreteras por parte del último Pacte», sumado al próximo vencimiento del convenio de carreteras (2022), genera «preocupación sobre el futuro de los 237 millones pendientes del convenio ya que es materialmente imposible que puedan ejecutarse y completarse proyectos por el total de ese importe si no se negocia con urgencia una prórroga con Madrid no inferior a los 4 años».

Galmés considera que «las diferencias existentes en el seno del pacte» en materia de obras de carreteras, constituyen «un problema añadido que agrava el riesgo de que Mallorca quede expuesta a la pérdida de financiación estatal comprometida en su día en el convenio».