El Consell de Mallorca modifica sus cuentas para pagar casi 8 millones en sentencias

Las dos sentencias judiciales son la de la desclasificación de la urbanización de Tuent, eliminada cuando se redactó el Pla Tertitorial, en el año 2004, y otra sobre unas diferencias que la institución mantenía con MacInsular, la concesionaria del tratamiento de los residuos de demolición.

El fallo de Tuent, dictado en 2016, condenaba al Consell a abonar 5,7 millones de euros, 2 de los cuales en concepto de intereses, a unos 60 propietarios de terrenos ahora rústicos.

La otra sentencia condenaba al Consell a abonar 2,1 millones de euros, de los cuales 250.000 son en intereses, a MacInsular. Dicha sentencia es consecuencia de la demanda que la concesionaria del tratamiento de escombros puso contra el Consell por diferencias técnicas en el pago del canon que abona anualmente.

El dinero para sufragar estas sentencias se ha restado de la partida para el mantenimiento de carreteras, de la deuda del Teatre Principal y de unas ayudas a los ayuntamientos que finalmente no se ejecutaron.

Las modificaciones enfrentaron a gobierno y oposición. El PP, Ciudadanos y el PI criticaron que no se hubieran previsto los pagos al aprobar los presupuestos para vender que los suyos eran los más «sociales y municipalistas de la historia». También les acusaron de «no saber gestionar», ya que presupuestaron partidas que luego no se han ejecutado.

El gobierno defendió que el no haber agotado las partidas demostraba su buena gestión y que el pago de sentencias judiciales era «ineludible».

Ley de Capitalidad

Otra de las modificaciones presupuestarias aprobadas era para anticipar el pago de 1,3 millones de euros de la Ley de Capitalidad a Cort correspondientes a 2020. El conseller Jaume Alzamora dijo que este dinero se invertirá el próximo año en los otros 52 municipios. Por su parte, la oposición sospecha que este adelanto anticipa un recorte presupuestario para 2020.