Con ocasión de una pregunta parlamentaria formulada por El Pi en el pleno de este martes, el conseller ha advertido que, por el momento, se trata de la «voluntad» de llevar a cabo esta compraventa por parte de estas dos empresas, pero hasta que la misma se formalice existe un largo recorrido.
En primer lugar, la comisión nacional de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de España, regulador nacional, y la Unión Europea deberán dar el visto bueno a esta operación para evitar que la compra afecte negativamente a la competencia del mercado español balear, así como sus repercusiones sobre los usuarios, ha explicado Pons.
Además, ha continuado, la operación también debe contar con el visto bueno del Consejo de Ministros de España y del Consejo de la Unión Europea. Después habría un año de integración y tres años de mantenimiento de Air Europea como empresa, según el principio de acuerdo alcanzando.
Por tanto, «pasarán cosas durante este tiempo», ha dicho el conseller, que ha insistido que el Ejecutivo balear defenderá sus «posiciones» a lo largo de este largo proceso.
Por su parte, la diputada de El Pi Catalina Pons, ha lamentado que el Govern balear tiene «el peso que tiene en Madrid» y que, «por mucho que proteste», el Ejecutivo autonómico «puede hacer lo que puede» en esta operación.
La diputada ha pedido al Govern que, de todos modos, defienda ante Madrid y Bruselas que Baleares no cuente con menos frecuencias de las actuales y no empeore su conectividad. Además, la diputada ha solicitado al Govern que «se deje la piel» para que parte de la compañía con base en Mallorca «se quede en la isla» para mantener el máximo número de puestos de trabajo posibles.
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