El anteproyecto de Llei d'Educació de les Illes Balears, que sería la primera de nuestra comunidad en este ámbito, incluye el compromiso de que la inversión educativa llegue al 5 % del Producto Interior Bruto (PIB) ocho años después de su aprobación definitiva, inicialmente prevista para mayo-junio de 2021.
Así lo anunció este miércoles el conseller, Martí March, acompañado de su equipo departamental. March destacó que quiere «conseguir el máximo consenso educativo, político y social tomando como partida el documento de Illes per un Pacte -elaborado en la pasada legislatura. Así, habrá que dialogar y negociar con los sindicatos, la enseñanza concertada, las asociaciones de padres y madres, los directores de centros, los consells escolars y otras instituciones como consells insulars y ayuntamientos. También habrá que negociar con los grupos parlamentarios y, tras los informes preceptivos, el Consell de Govern podría aporobar la ley en octubre de 2020 y remitirla al Parlament para recibir las correspondientes enmiendas».
Según los cálculos del conseller, la ley podría llegar a su aprobación definitiva en mayo o junio de 2021. March señaló que «hay que llegar al máximo consenso para llegar a la estabilidad del sistema educativo y que la ley no sea de ningún partido ni entidad. El proceso no será fácil, será complejo».
La ley, con 156 artículos que pretenden establecer el modelo educativo balear, deberá recoger y regular cuestiones como la calidad, la equidad, la participación, la inclusión, la etapa 0-3 años, la potenciación de la FP, el estatuto docente, la autonomía de centros, la evaluación del sistema y la inspección educativa.
Una de los compromisos de la ley es llegar a una inversión educativa que represente el 5 % del PIB balear en 2029, «cuando ahora se mueve entre el 3,2 y el 3,4 %. Con el 5 % del PIB, la inversión en educación será de 400 ó 500 millones de euros más que en la actualidad. Sólo en la pasada legislatura, el presupuesto de la conselleria creció un 35 %».
No obstante, el conseller vinculó este incremento presupuestario a una mejora de la financiación de Baleares y a que se derogue finalmente la ley estatal -la LOMCE-, «con la que hay evidentes contradicciones».
El anteproyecto también contempla la profesionalización de los equipos directivos mediante la formación y la autonomía de los centros para desarrollar sus propias innovaciones.
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