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La posición del Govern en la investigación de los casos de explotación sexual a menores tutelados por el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales y de abusos en centros de internamiento del Govern volverán a debatirse en el Parlament, que abordará también la adicción al juego on-line y las reivindicaciones salariales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La presidenta del Govern, Francina Armengol, deberá responder al portavoz del grupo parlamentario Vox, Jorge Campos, si el ejecutivo ejercerá «algún tipo de acción legal ante los casos de prostitución y abusos sexuales a menores tutelados», según el orden del día del próximo pleno.

La diputada de Vox Idoia Ribas preguntará también a la consellera de Asuntos Sociales y Deportes, Fina Santiago, si ha denunciado los pisos donde se prostituyen menores y el total de abusos sufridos en Es Pinaret y Es Fusteret.

Además, el grupo parlamentario popular interpelará al Govern sobre su política general en relación con los mecanismos de control de los menores en los centros que gestiona el ejecutivo autonómico, ante las informaciones relativas a las fugas que se producen.
La situación del pequeño comercio en Palma, los problemas por averías en el tren de Mallorca, la prohibición de la venta de vehículos diésel en Baleares a partir de 2025, la regulación el régimen hotelero del «todo incluido» y las medidas para combatir la procesionaria del pino, serán otras cuestiones a debate en el turno de preguntas de control al Govern.

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El pleno del Parlament debatirá también una proposición no de ley de los grupos del pacto (Unidas Podemos, PSIB y Més per Mallorca) para instar al Govern a que el Observatorio del Juego on-line realice un diagnóstico sobre la realidad de este fenómeno en Baleares «que permita poner en marcha actuaciones en todas las islas».

También proponen campañas de prevención de las conductas aditivas vinculadas al juego on-line, «especialmente en menores de edad».

El pleno debatirá además una proposición no de ley del grupo parlamentario Ciudadanos para que el Govern inste al Gobierno central a revisar el plus de insularidad de los funcionarios y agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado destinados en las islas «con el objetivo de actualizarlo al coste real de vida en Baleares y equipararlo al complemento de Canarias, Ceuta y Melilla».

Cs plantea además que el Govern balear negocie que ese plus esté contemplado en el Régimen Especial de las Illes Balears (REIB) y no sólo en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, y que además tenga en cuenta «la doble y triple insularidad» de Baleares.