Agentes de la Guardia Civil visitando la residencia de ancianos de Calvià. | Guardia Civil

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La Guardia Civil y la Policía Nacional han comenzado a visitar las residencias de la tercera edad y de discapacitados para verificar su situación y ponerse disposición se sus responsables ante cualquier necesidad que les surja, según informa Delegación del Gobierno en un comunicado. La visita de los agentes se produce después de conocerse que en algunas residencias de Madrid han aparecido ancianos muertos en convivencia con el resto de residentes durante la crisis del coronavirus. El hallazgo lo hizo la Unidad Militar de Emergencias (UME) cuando se personó para hacer labores de desinfección.

El Govern se prepara para evitar que en Baleares se den estas dramáticas situaciones después de que el Consejo de Ministros haya aprobado una orden por la cual los residencias privadas pasarán a estar bajo el control de los respectivos gobierno autonómicos. En Baleares hay 4.316 plazas residenciales de las que 2.274 son privadas.

La consellera d'Afers Socials, Fina Santiago, aseguró que la realidad de las Islas es muy diferente a la de Madrid e insistió en que es muy difícil que aquí surjan casos como los que se han visto en la capital de España y afirmó que el Govern está preparado para trabajar en coordinación con estos centros privados. «La situación es excepcional y el decreto de alarma permite a cualquier funcionario acceder de forma rápida a las residencias», dijo Santiago.

La consellera reiteró, en cualquier caso, que la situación de las Islas no tiene nada que ver con la de Madrid. «Nosotros ya tenemos una buena coordinación con los centros privados porque muchos de ellos tienen plazas concertadas con la administración», afirmó Santiago. También señaló que, en su mayoría, se trata de centros de pequeño tamaño que están bien supervisados.

También el Consell

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La competencia sobre las residencias es también de los consells y la presidenta del de Mallorca, Catalina Cladera, aseguró que en las residencias que gestiona la institución «se están extremando los protocolos» para detectar, aislar y tratar a los posibles positivos de coronavirus. Si se detecta un infectado, la Conselleria de Salut se encarga de él, de acuerdo con el plan de contingencia establecido. El PP reclamó precisamente ayer a la presidenta que se hiciera un test rápido a los usuarios y empleados de las residencias del Consell, a lo que Cladera respondió que «se hacen pruebas» a unos y otros.

La alarma no llega a los niveles de Madrid o de otras comunidades autónomas, pero en Balears también se está pendiente de estos centros porque ya se han dado 31 contagios que han causado tres muertos, según los datos que ofreció ayer la Conselleria de Salut.
En Sant Miquel sigue habiendo nueve casos positivos, en Son Tugores hay otros dos casos, en Can Blai (Eivissa) hay tres y en Mater Misericordia, centro de discapacitados, hay siete positivos de los que han muerto tres. Uno de los fallecidos tenía síndrome Rubistein y alteración del cromosoma 16 asociada a cardiopatías y los otros dos, discapacidades intelectuales importantes y malformaciones.

Intervención de la UME

Estas cifras han creado una sensación de cierta alarma en el Govern, que confía en que la situación no llegue en absoluto a los extremos de Madrid y de otras comunidades autónomas. En cualquier caso, la consellera d'Afers Socials aseguró que, en caso de necesidades sobrevenidas, se coordinarán con la UME para las labores de limpieza de los centros y de transporte de los residentes.

La atención sociosanitaria a los residentes sigue siendo responsabilidad del Govern y de los consells, por lo que el Ejecutivo ya ha aprobado medidas para flexibilizar la contratación de personal para que atiendan a los residentes en caso de que sea necesario si se dan muchas bajas en este sector: se ha flexibilizado la formación que se exige al personal y los requisitos de contratación.

Santiago insistió en pedir al Gobierno que envíe material sanitario y de protección, también para las residencias y no solo para los centros sanitarios. Por lo pronto, el Consejo de Ministros aprobó ayer enviar 7,4 millones a Balears para reforzar los servicios sociales.