A partir de la declaración del estado de alarma, las empresas navieras que prestan estos servicios vieron caer drásticamente sus ingresos. | Redacción Ibiza

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Las compañías navieras han reiterado al ministerio de Transportes la necesidad «urgente e imperiosa» de que el Estado asuma la responsabilidad de garantizar los suministros diarios a los territorios aislados, hasta que la recuperación de la demanda haga viable el mantenimiento de los servicios, ya que, de lo contrario, supondría el desabastecimiento de las islas y de Ceuta y Melilla.

Así lo ha expresado la Asociación de Navieros Españoles (Anave), que incide en que, a partir de la declaración del estado de alarma, las empresas navieras que prestan estos servicios vieron caer drásticamente sus ingresos, hasta un 70% en algunas líneas.

Para reducir sus costes, amarraron parte de sus buques, pero con los restantes, cada una de ellas decidió que, en la medida de lo posible, mantendrían estos servicios, para no dejar desabastecidos a sus clientes y a la población en general de estos territorios.

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«El abastecimiento diario de mercancías de todo tipo y de primera necesidad es esencial e imprescindible para los territorios españoles no peninsulares y lo están haciendo posible las navieras con cuantiosas pérdidas. Sin los servicios marítimos regulares, Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla quedarían desabastecidas en 48 horas», asegura Anave.

Las navieras propusieron al Gobierno utilizar parte de la partida que prevén los Presupuestos Generales del Estado para subvencionar los pasajes de los residentes no peninsulares, que serían los beneficiarios del mantenimiento de estas líneas esenciales.

«La única respuesta que han recibido ha sido la aprobación, el 22 de abril, mediante real decreto ley, de unas reducciones de la tasa portuaria al buque que llegaron más de un mes tarde, y que, como ha puesto de manifiesto Anave, son restrictivas y, por su cuantía, manifiestamente insuficientes», afirma la asociación.

Por todo ello, considera «imprescindible» instrumentar medidas urgentes y de una cuantía suficiente para compensar a las navieras sus perdidas, al mismo tiempo que no admiten «discriminaciones de trato ni de norma» respecto al sector aéreo.