Ignacio Salas: «No se puede hacer urbanismo a golpe de decreto»

El primer decreto gubernamental daba la sensación de que invitaba a la ‘barra libre' constructora ... Ya sabe, ampliación de edificabilidad en los hoteles, declaración responsable en sustitución de las licencias ...

—No soy partidario del urbanismo por decreto, hay que trabajar con una idea global del territorio; una visión de conjunto. Creo que este decreto no tendrá una gran repercusión en sector inmobiliario por varias razones. El modelo sajón de las declaraciones responsables son muy delicadas aquí, traspasan el problema de la Administración al promotor y al arquitecto y, además, en estas condiciones no creo que los bancos quieran financiar los proyectos.

¿La Administración no está en condiciones de responder ante los ciudadanos? ¿De cumplir con sus propias exigencias?

—El decreto admite, de algún modo, su incapacidad de informar en tiempo y forma los proyectos. El Col·legi está dispuesto a colaborar con los ayuntamientos para aligerar los trámites; el retraso medio actual es de 10 meses cuando el plazo legal es de 3 meses.

Luego ha venido el ‘contradecreto' para proteger el suelo rústico ... El contrapeso del anterior para acallar determinadas críticas ...

—Nuestra filosofía es la misma que en el caso anterior. Podemos estar de acuerdo, pero ésta no es la manera de trabajar. Hay municipios que sí han dotado de servicios las urbanizaciones y otros no. Ahora quieren resolver los problemas pendientes.

¿Toda esta situación no genera inseguridad jurídica ?

—El problema no está en cuándo sino en cómo se hacen las cosas. Estos decretos no se han consensuado y se han aprobad por sorpresa.

... y además la Administración (Govern, consells y ayuntamientos) se declara irresponsable.

—Los arquitectos estamos asustados, a veces tenemos la sensación de que está en contra nuestra. El no cumplir los plazos es lo que provoca la indisciplina urbanística y desmoraliza la inversión.

¿Comparte las críticas de los ecologistas?

—Desde su punto de vista sí, ellos defienden sus intereses, que no son los mismos que los nuestros o los de los promotores. La alarma sanitaria hacía necesarios estos decretos, pero insisto en que la clave está en el consenso.

¿Se parará la construcción? ¿Se están retirando proyectos? Estas premisas eran las que justificaban ambos decretos del Govern.

—Nosotros pensamos que no. No se han anulado proyectos que ya estaban en marcha. Es cierto que en estos dos meses los visados han caído un 25 %, pero creemos que también saldrán adelante muchos que ahora están acumulados en los ayuntamientos. De verdad, no creo que nos falte trabajo en el sector hasta final de año; el descenso será inferior al del resto de España. Mire, el anuncio del ‘contradecreto', que regula la construcción en suelo rústico, ha activado las obras pendientes.

¿Se considera el territorio como un negocio?

—El residente, por regla general construye para consumo propio, igual que los extranjeros; no percibo demasiado interés especulativo.

No se dejan de construir hoteles ...

—Los hoteleros ahora son mucho más responsables con el medio ambiente y se hacen edificios de mucha más calidad que antaño. La normativa, en este sentido, es mucho más clara; no se puede hablar de la desorganización de los años 60 o 70.

¿Rehabilitar edificios es una alternativa real?

—Es una opción que no sabemos si saldrá bien. El problema de la construcción en Mallorca es el precio del suelo y en el Col·legi no somos partidarios de consumir más territorio, pienso, por ejemplo, de que hay cierto desaprovechamiento de la edificabilidad en muchas zonas de Palma.

¿Estamos por tanto ante una emergencia habitacional?

—No hay vivienda accesible. Hay que ampliar la oferta del alquiler y, también el parque de vivienda pública, que ahora apenas es del 1 %; un porcentaje mínimo en comparación con otros países europeos. Si se amplía la oferta pública de viviendas el mercado bajará los precios, seguro.

¿Qué se debería hacer a partir de ahora?

—Es prioritario revisar las Directrices de Ordenación Territorial (DOT) y actualizar los planeamientos urbanísticos de los ayuntamientos. También es necesario simplificar las normativas porque, y esta es otra gran cuestión, hay discrepancias de interpretación porque la redacción no está clara. Creo que con esto sería más que suficiente además de, por supuesto, que la Administración en su conjunto –Govern, Consell y ayuntamientos– cumplan con los plazos legales. Con esto ya nos daríamos por satisfechos.