El equipo ha reenfocado todo su trabajo a la pandemia. FOTO: BOTA

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Leen toda la información sanitaria que corre por el mercado, la trituran y la convierten en accesible para los profesionales del gremio en primera instancia, y para los ciudadanos usuarios del sistema después. Ésta es la función, grosso modo, de la apenas conocida Oficina de Calidad del IB-Salut, una especie de cocina de las recomendaciones sanitarias que ampara todo lo relacionado con la información asistencial y unifica los criterios de actuación.

Si hace un año su actuación se enfocaba a realizar un protocolo de embarazo para homogeneizar todo lo que se hace por sectores y por trimestres, el proyecto se ha tenido que guardar en un cajón para atender la emergencia sanitaria de la COVID-19.

Ahora, a veces incluso a diario, «adaptamos a la comunidad los protocolos del Ministerio», explica una de las integrantes del grupo, Susana Munuera, que reconoce que con un virus tan desconocido su trabajo es arduo.

«Los protocolos se hacen en función de la evolución clínica que es progresiva», Layla Aoukhiyad, encargada de la web El Comprimido. «La evidencia cambia muy rápido en una enfermedad emergente» y ya han visto cómo los informes caducaban a la semana de estar hechos cuando «en una investigación clínica científica normal, un documento de un mes es muy nuevo».

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Gracias a la búsqueda bibliográfica y a estar constantemente pendientes de las últimas actualizaciones, han podido adelantarse a la toma de decisiones. «Analizar los mataderos es una sugerencia que partió de aquí porque sabíamos que estaba habiendo casos en otros lugares», explica Javier Arranz, experto en enfermedades infecciosas y portavoz de la Conselleria que se ha sumado al equipo.

«Muchas veces vamos por delante, por ejemplo del Ministerio, y preparamos la base de la documentación sobre la que se toma una decisión como es acortar los días de cuarentena», añade.

Por otro lado, a veces son los mismos profesionales sanitarios los que acuden a ellos para que valoren decisiones como lo fue establecer la obligatoriedad de hacer una prueba PCR a todo el que se sometiera a una intervención quirúrgica.

Los protocolos que se elaboran están dirigidos a los profesionales sanitarios aunque el destinatario final es el paciente sobre quien repercute el cómo se le van a tratar.

Los documentos son colaborativos y abarcan los dos niveles asistenciales (ambulatorios y hospitales) de todos los sectores. «Antes las gerencias iban más por libre y no había temas centralizados», confiesan.