Una vista de archivo de la residencia de Can Picafort. | M. Poquet

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La gestión de las residencias, especialmente las concertadas, está en el ojo del huracán: de los más de 300 fallecidos por COVID-19, cerca de la mitad son personas mayores que estaban en geriátricos. Un extrabajadora de la residencia de Can Picafort, gestionada por Sèniors, ofreció a este periódico su testimonio.

Una de las quejas son las carencias de material de protección. «Algunos días no había mascarillas y teníamos que reutilizar las del día anterior. Cuanto a equipos de protección (EPI), los que se usan para tratar con infectados, solo teníamos uno, de modo que en caso de tener que entrar dos gerontólogos en la habitación de aislamiento uno no podía llevarlo». «En la residencia hay tres grúas, pero siempre están estropeadas», añade.

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El trato con los residentes también «deja mucho que desear». «No es el que tocaría. Se premia sacar el trabajo a costa de ofrecerles el trato correcto. Un ejemplo: los jefes prefieren que levantemos a los muchos ancianos en poco tiempo si por ello renunciamos a ducharlos, aunque les tocara. Tampoco se tolera que ‘perdamos el tiempo' intentando que coman».

La extrabajadora también indica que los empleados estaban en contacto con positivos sin saber que lo eran. «Los jefes nos lo ocultaban». Añade que las ratios mínimas de personal a menudo no se cumplían –«alguna vez éramos dos auxiliares por tres plantas»– y que no siempre se dispone de médico o enfermera, «aunque son preceptivos».