La presidenta de la Asociación Española de Abogados de Familia advierte que el mejor letrado «no es el que gana sino el que deja a la familia en el mejor escenario» para que siga su vida. | Jaume Morey

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Cuando nos queremos, nos da igual porque contigo pan y cebolla. Los problemas vienen cuando nos vamos a separar y es cuando viene la aplicación de la ley». Maria Dolores Lozano, insiste en que una consulta legal a tiempo ahorra muchos problemas en el futuro y también reivindica una especialización de juzgados y de profesionales para atender los problemas de Familia. Igual que no hay médicos para todo, «el fin del abogado generalista ha llegado».

Los abogados tuvieron más consultas sobre familia tras el confinamiento, ¿se va a dar una oleada de divorcios?

—Los juzgados estuvieron cerrados y los abogados hemos esperado. Se va a ver un aumento importante de los procesos, tanto de mutuo acuerdo como contenciosos.

¿Lo frenará el miedo por la situación económica?

—Desde el punto de vista económico no es un buen momento para una separación, sobre todo en personas que están padeciendo un ERTE. Además hay un aumento sustancial de los procesos de modificación de medidas, que son aquellos que se utilizan para cambiar decisiones como pensiones o sistema de custodia y de otros para solicitar cambios de colegio, en situaciones en los que los niños iban a colegios privados y concertados.

¿Son esos cambios de medidas algo temporal?

—Muchas personas han creído que la situación iba a ser transitoria y corta en el tiempo y de repente esta situación se está alargando en el tiempo y asfixia económicamente a las familias.

¿La custodia compartida es ya del 30%, se va imponiendo?

—Con los cambios de la sociedad y los repartos de roles equitativos, hay jurisprudencia que marca que el sistema de custodia deseable es la compartida. Pero eso no significa que se tenga que dar siempre. Se tiende a generalizar: la custodia compartida es la mejor y la custodia individual es la peor. Dependerá de cada situación. Encontramos ahora situaciones en el que el cónyuge que tiene la custodia la propone y el otro no la quiere. Ha influido bastante la situación del confinamiento en el sentido de que cuidar a los hijos conlleva mucha dedicación y se echa la culpa de todo lo que va mal al que ha cuidado.

¿Se tiende también a que haya más separaciones con acuerdo?

—Tenemos casi un 70 por ciento de procesos de mutuo acuerdo, que no quiere decir que no hayan llevado una ardua negociación. Muchos en los que los abogados hemos sido capaces de consensuar. No es mejor el que gana o pierde porque en los procesos de familia casi siempre se pierde, casi nunca se gana. Aunque una parte obtenga la pensión que ha pedido o la casa que ha pedido, se deja en el camino otras cuestiones que son las que en el día a día te hacen la vida fácil o difícil.

¿El matrimonio da más seguridad jurídica que ser pareja de hecho?

—Total y absoluta desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista sucesorio, desde todos los puntos de vista. Normalmente la ciudadanía se queda en que la pareja de hecho tiene los mismos derechos. Yo les digo, sí pero no. Sus hijos sí tienen derecho igual que los demás, no hay ningún tipo de duda. Una pareja de hecho no puede hacer la declaración conjunta. Cuando una pareja de hecho fallece y se deja en el testamento algún bien, paga como un extraño. Si no hay testamento, la pareja de hecho no tiene ningún derecho.

¿En qué más no se fijan los ciudadanos?

—Este desconocimiento se da mucho en el régimen económico matrimonial. La gente se casa sin saber cuál es la diferencia. Cuando nos queremos, nos da igual, los problemas vienen cuando nos vamos a separar y viene la aplicación de la ley tal cual. Falta cultura del asesoramiento preventivo. La población tiene que aconstumbrarse a consultar porque ir a un profesional evita sufrimientos futuros. Lo mismo pasa con toda la información preventiva en los protocolos empresariales y las sucesiones, de qué manera organizar mi herencia para que no pase a mi excónyuge. Es bastante barato consultarlo previamente, mucho más que actuar como si no pasara nada y cuando viene la situación ir a un juzgado.

¿Hay tanta diferencia entre ir a un juzgado especializado o uno que no lo está?

—En Baleares, salvo Palma, el resto de la población acude a juzgados no especializados. Esto significa que hay falta de especialización, falta de equipos colaboradores, resoluciones dispares entre situaciones más o menos parecidas, dilaciones indebidas en la resolución. En juzgados no especializados podemos hablar de dos años en procesos contenciosos. No es viable que una familia que está en plena crisis vea cómo una comparecencia para fijar medidas provisionales se fije en diez meses. Si hay un conflicto deriva en violencia. El propio sistema está generando situaciones de violencia porque no se da a las familias una respuesta rápida y eficaz.

En Baleares hay un problema con los equipos psicosociales.

—Aquí es una drama porque no dan a basto. Se necesitaría triplicar la plantilla como mínimo. La dilación que estamos teniendo aquí oscila entre el año y medio o dos salvo. No se puede sostener.