«Sí, está claro que todo esto nos lleva a abrir un melón no previsto», coinciden tres representantes de la Comisión del Reglamento de la Cámara: Joana Aina Campomar, Mercedes Garrido y Alejandro López. También el presidente del Parlament, Vicenç Thomàs, ha reconocido a este diario que los cambios serán más profundos. Afirma que, aunque la prioridad, es la derivada de «la nueva situación» creada por la pandemia, luego vendrá una segunda parte. El reglamento entraría en vigor esta misma legislatura. Tanto por lo que se refiere a lo «urgente» como lo que vendrá luego.
«Será una reforma a dos velocidades y todos los grupos están de acuerdo». La idea es que una primera redacción esté lista para aprobarse «antes de final de año». Como «gesto de buena voluntad», tres grupos (Cs, PI y Més per Menorca) que había presentado propuestas de reforma, las retirarán y llevarán el debate a la ponencia (o grupo reducido de la Comisión del Reglamento) que empezará a reunirse esta primera semana de octubre.
Aunque otros parlamentos, como el de Canarias o Castilla-La Mancha, han reformado sus reglamentos, el de Baleares ha funcionado a base de resoluciones de presidencia o de interpretaciones según las necesidades. La última fue limitar a 28 los diputados y las diputadas que (además de quienes forman la Mesa) pueden acudir presencialmente a las sesiones plenarias. También las circunstancias en las que se puede intervenir de forma telemática.
Un informe jurídico de la Cámara alertó a la Mesa del riesgo de tomar esas decisiones si no se optaba por reformar el reglamento. Pero es que, además, en forma de ‘consideración previa', hace constar que se presentó «un documento sobre aspectos dudosos o controvertidos» y que sin una reforma amplia, y de acuerdo a la doctrina del Tribunal Constitucional, no era posible el parlamentarismo a distancia.
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