El Govern balear ya ha formalizado ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) el recurso de apelación contra la resolución del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Palma que tumbó el confinamiento forzoso de los estudiantes del 'macrobrote' asociado a viajes de fin de curso a Mallorca.
En el recurso, el Govern ha defendido que tanto el cribado general como el confinamiento de los jóvenes reunía los criterios de «proporcionalidad, necesidad e idoneidad» y que fue «acertado».
Así lo ha anunciado la consellera de Presidencia, Función Pública e Igualdad, Mercedes Garrido, durante una comparecencia parlamentaria ante la Comisión de Asuntos Institucionales y Generales.
«Se acreditaba la existencia de un 'macrobrote' que afectaba a numerosas Comunidades con una elevada tasa de incidencia», ha sostenido Garrido, que ha añadido que «el grave riesgo para la salud pública estaba acreditado». La consellera ha insistido en que en conjunto, la tasa de positividad del macrobrote ha sido superior al 40 por ciento, «una tasa nunca vista».
El 'macrobrote' afectó a más de 4.000 personas de todo el país y más de 8.000 personas en 12 Comunidades Autónomas tuvieron que aislarse. Unos 200 jóvenes fueron confinados en un hotel medicalizado en Palma pero el 30 de junio el Juzgado tumbó esta medida al entender que el Govern no había acreditado que estas personas fueran contactos estrechos de casos positivos.
Garrido ha iniciado su intervención rechazando que los viajes de los jóvenes fueran «viajes de estudios», porque «ningún instituto organizó ninguno» y «se había recomendado no hacerlos».
La consellera ha defendido la proporcionalidad de las medidas adoptadas por la urgencia de encontrar a los positivos y aislarlos para «cortar la cadena de contagios». «No se estaba planteando un aislamiento de tres meses a nadie», ha apostillado.
La consellera --de cuya área depende la Abogacía de la Comunidad-- ha indicado que la juez tomó la decisión de no ratificar el confinamiento forzoso porque la administración no informaba con detalles e individualmente acerca de qué estudiantes eran contacto estrecho de quién.
Garrido ha sostenido que es «una prueba imposible de realizar» demostrar con nombres y apellidos qué alumnos habían estado juntos durante un mínimo de 15 minutos.
La consellera ha defendido que ni los mismos estudiantes «eran capaces de decir» con quiénes habían estado ni cuánto tiempo, y que por ello el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad había determinado que debía considerarse contacto estrecho todo aquel que hubiera participado en actividades «de alto riesgo». «Hemos visto imágenes de 20 personas bebiendo todas de un mismo cubo», ha remarcado.
Es por este motivo, ha añadido, que no se confinó a los trabajadores de los hoteles, puesto que no habían participado en estas actividades. Del cribado realizado a empleados de hoteles, sólo uno dio positivo, según informó la Conselleria de Salud.
La consellera ha resaltado que, la tarde después de notificarse el auto, seis de los 181 estudiantes que podían salir dieron positivo en una segunda prueba; al día siguiente dieron positivo otros nueve y posteriormente otros resultaron positivos una vez en la Península. Para Garrido, esto demostraría que la estrategia del Govern era la adecuada.
Además, la consellera ha subrayado que el protocolo de aislamiento ante la sospecha de contagio ha sido el mismo procedimiento durante toda la pandemia. «La diferencia es que en este caso quien tenía que cumplir las medidas se negó», ha dicho.
Daños causados
Además, Garrido ha lamentado el mal comportamiento de los jóvenes confinados en el hotel Palma Bellver, «haciendo balconing» entre otras actitudes incívicas.
En este sentido, ha apuntado que, según el informe de daños del hotel, «se han tenido que repintar dos habitaciones por completo porque tenían las paredes llenas de comida»; se han pintado 22 terrazas, sustituido espejos, mesas, mamparas de baño; y se han detectado grietas en los quicios y balcones de las habitaciones.
En el hotel ya no hay alojado ningún estudiante porque los que decidieron quedarse ya han terminado la cuarentena y han vuelto a su casa.
Por otra parte, Garrido ha remarcado que el concierto de la Plaza de Toros que se considera uno de los focos de contagio «se cortó» y no se permitió que continuara tras detectar el incumplimiento de medidas. Sin embargo, ha sostenido, la Plaza de Toros tiene autorización permanente para la actividad de conciertos por lo que no se podía haber prohibido su celebración desde el principio.
En las intervenciones de los grupos, el diputado del PP Juan Manuel Lafuente ha pedido «humildad» al Govern para admitir que aunque «su intención era correcta», «deberían haberlo concretado mejor».
Para el PP, el Govern hizo «una chapuza» y presentó «mal» la documentación al Juzgado. «Los Juzgados toman sus decisiones en base a las pruebas que les presentan, no a sus declaraciones en el Parlament», ha advertido.
La portavoz de Cs, Patricia Guasp, ha preguntado al Govern si asumirá alguna responsabilidad si el TSJIB no estima su recurso. «De sus declaraciones entiendo que no», ha dicho la diputada, que ha lamentado que el Gobierno estatal ha dejado a las Comunidades «completamente desamparadas» al dejar en sus manos el control de la pandemia sin darles instrumentos especiales tras el fin del estado de alarma.
El portavoz de MÉS, Miquel Ensenyat, se ha sumado a esta crítica subrayando que el Estado dijo «que las Comunidades ya tenían instrumentos jurídicos» para el fin del estado de alarma. «Hemos visto que no», ha insistido.
Desde Unidas Podemos, la portavoz adjunta, Esperança Sans, ha defendido la actuación del Govern y ha asegurado que la comercialización de los viajes de fin de curso se hizo de forma «engañosa», por lo que ha pedido medidas contra los responsables.
Por parte de Vox, el diputado Sergio Rodríguez ha sugerido que el Govern «está cómodo gobernando en pandemia» y le ha reprochado las críticas a la magistrada que dictó el auto, que ha calificado como «ataques».
Desde el PI, el diputado Josep Melià ha reprochado al Govern su falta de «autocrítica», considerando que era su responsabilidad fundamentar mejor la medida solicitada al Juzgado. En una línea similar se ha expresado el diputado de MÉS per Menorca Josep Castells, que ha recordado al Govern que la magistrada dio la oportunidad al Govern de aportar información adicional.
Finalmente, la diputada del PSIB Pilar Carbonero ha valorado la actuación del Govern para «garantizar que el virus no se propagase en las islas».
2 comentarios
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Las xapussas se pagan... por muchos recursos rimbombantes que se hagan.
La situación judicial no sería tan complejo e inestable, si el gobierno hubiera actualizado la Ley de Sanidad, para poder tomar así medidas de confinamiento y otras, bajo amparo legal, tal como lo propuso la oposición en vano.