Y ante todos estos principios, para mi fundamentales, doy todo mi apoyo a Maria Antònia Font Oliver, directora general de Salud Pública de Balears, cuya valiente actuación benefició a la comunidad balear. Es evidente que la salud como bien común, en una emergencia sanitaria como la pandemia de COVID-19, tiene que estar por encima de la salvaguarda de algunas libertades individuales, en aras de la salud y en aras del bienestar de la comunidad.
Doy toda mi mi solidaridad a María Antònia Font, directora general de la Conselleria Salut que dirige Patricia Gómez. María Antònia y Patricia han cumplido con las obligaciones que competen a la autoridad sanitaria al aplicar la cuarentena que correspondía y han protegido con ello la salud colectiva de la ciudadanía, la de los más débiles y vulnerables, en una situación excepcional.
Doy mi total apoyo tanto a la directora general como al propio Govern de les Illes Balears, que lo único que ha hecho es actuar con la intención de controlar la pandemia y en consecuencia, de salvar vidas. La actuación del Govern de les Illes Balears en este 2021 es digno de alabar, con mis dudas y pequeñas discrepancias, con mis comentarios críticos en algunos momentos, pidiendo más pedagogía.
Por ello, doy todo mi apoyo al trabajo de la mayoría de los/las directores/as de salud pública de las diferentes CCAA y del Gobierno de España, que hacen una tarea compleja y digna de apoyo, en una pandemia en la que todo el mundo ha hablado y pocos han tenido que tomar decisiones en momentos muy difíciles.
La directora general de Francina Armengol Socias es investigada por el Juzgado de Instrucción número 12 de Palma por un presunto delito de prevaricación y detención ilegal. Y yo digo que un país que judicializa las decisiones de Salud Pública, pone en entredicho dichas decisiones y medidas puestas en marcha por el bien de la población. Un error, desde mi punto de vista.
Ante ello, es necesario mojarse y poner encima de la mesa mi apoyo y mi solidaridad con la directora general de Salud pública de Baleares, quien ha cumplido con las obligaciones que competen a la autoridad sanitaria y ha protegido con ello la salud colectiva de la ciudadanía. Es verdad que las decisiones es importante explicarlas. Es necesario dialogar con las personas afectadas. Es imprescindible divulgar todo lo relacionado con las actuaciones ante una pandemia o ante un brote concreto. Pero es necesario tomar decisiones.
La directora de salud pública fue la responsable política que dio el visto bueno para el traslado al hotel COVID de más de 200 estudiantes que estaban de viaje de fin de curso en Mallorca que eran contactos estrechos de casos positivos de coronavirus.
Y lo triste es que la directora de Salud Pública que hace su trabajo para salvar vidas, tenga que acabar teniendo que dar explicaciones ante los jueces.
Hay que recordar que un elevado número de los jóvenes que seguían de viaje de fin curso se negó a hacerse la prueba para comprobar si estaban infectados, y pretendieron regresar a sus comunidades autónomas de origen sin someterse a ningún test y evitando tener que pasar la cuarentena en la isla.
Es importante ser conscientes de que la pandemia aún no ha terminado. Además, es necesaria una mayor responsabilidad individual y colectiva para detener esta quinta ola de coronavirus y al mismo tiempo, es importante hacer un llamamiento a las personas que aún no se han vacunado para que lo hagan. Vemos que ahora, la importante incidencia de la pandemia no tiene una repercusión abusiva en la presión hospitalaria, por lo tanto, es seguro que la vacuna funciona y tenemos que vacunar a toda la población lo antes posible, cómo manera de detener el virus, junto a las restricciones.
Todo ello me hace plantear: Cómo se puede imputar a una profesional, una directiva, una directora general por el tema de los jóvenes que vinieron de viaje programado por una agencia (actividades, fiestas masificadas, alcohol) y con el consentimiento de sus padres! Los romanos lo tenían claro: «La salud de las personas, o salud pública, es ley suprema».
Y a muchos jueces, les importan más las libertades individuales, por encima de las responsabilidades y garantías colectivas, la justicia social y la salud colectiva. Y esto resulta muy preocupante porque pone en cuestión el bien común. Estas acciones judiciales torpedean la salud pública y el empeño social para mantenerla.
Indignante es que los jueces, los padres y madres y los jóvenes ganen con estas decisiones judiciales. Si miramos los positivos que se fueron de Baleares, si vemos los destrozos en el hotel, si analizamos cómo se extendió el virus a diferentes CCAA, es evidente que la actuación del Govern de les Illes Balears era totalmente necesaria. Va a resultar que cumplir con el deber y trabajar por la salud pública está penado!
Que la madre de uno de los estudiantes confinados durante el viaje de fin de curso a la isla presentara una denuncia contra la directora general por un presunto delito de detención ilegal al mantener confinados a estudiantes al considerar que eran contactos estrechos de personas positivas, me parece un sinsentido. Hemos pedido durante la pandemia un mayor papel de los expertos. Y lo que encontramos ahora, es a los jueces haciendo de salubristas y a los padres y madres asesorándoles. Y también decir que el Gobierno de las islas basó la resolución en los informes del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias y en diversas normativas autonómicas y nacionales.
La pandemia ha mostrado, además, la necesidad de una revisión del ordenamiento jurídico en materia de salud pública para que, se pueda contar con las herramientas para garantizar la protección de la salud de todos los ciudadanos. Necesitamos también sin falta una Agencia Estatal de Salud Pública, que trabaje en red con las CCAA y con los centros de investigación en Salud Pública para que sea el garante de la gestión y comunicación de todos los aspectos de la salud pública española.
Es evidente que la defensa y el apoyo a la actuación en Salud Pública ante el macrobrote es una necesidad ante las dificultades de una crisis compleja y difícil que necesita el apoyo de todo el mundo, también de los jueces. La Salud de la personas siempre primero. Necesitamos más salud pública. Y que la ley de Salud Pública sea ley suprema.
10 comentarios
Para comentar es necesario estar registrado en Ultima Hora
Lo que han demostrado es el supremo desastre que es la sanidad publica , y la pandemia ha demostrado con creces lo dicho , miren los números somos el país del mundo con mas sanitarios afectados por el covid 19 , ya que ustedes los que gestiona dicha sanidad son lo mas inútil e incompetente que hay como su colega máximo responsable sanitario en Baleares el tal Arranz este patán era el que decía que el covid 19 era mas leve que una gripe común , o que los sanitarios esto avalado por la consellera de salud se contagiaban en sus casas , cuando la realidad era que atendían sin lo medios pertinentes y hasta con trajes que se hacían con bolsas de basura o también que las mascarillas no eran necesarias y como esto 1000 falsedades e incoherencias mas que esta en la hemeroteca desde el principio , que hasta el SIMEBAL lo denuncio y pedían y siguen pidiendo su cese , y que dice de ley suprema esto suena a dictadura de pensamiento único , y ya basta de trolear hagan su trabajo que en teoría es en el campo de la medicina y dejen de politizar la sanidad que es lo que están haciendo ,ya que su absurda ignorancia pone en peligro a miles de personas y sus mentiras y postureo tergiversador esta claro que no es la solución a este dislate sanitario que si duda solo ustedes los responsables directos y sus amos lo multiplican sin remedio o alternativa......
"si analizamos cómo se extendió el virus a diferentes CCAA, es evidente que la actuación del Govern de les Illes Balears era totalmente necesaria" i tant, jo trob que la gent que es va infectar per culpa de la gent que el jutge va treure de l'hotel, hauria de denunciar al jutge, va ser un irresponsable. Els jutges també poden ser jutjats
Si empezamos así, después vendrá la seguridad, el pas siguiente no tocarle los "h..." Al político de turno y todos encerrados en donde nos digan y a obedecer, so pena de freirnos a multas. Con estas excusas aparecen leyes de vagos y maleantes, llamados ahora "festeros y botelloneros", y al final como con el Caudillo, sin derecho de reunión, ni de manifestación ni de libre circulación. Con lo sencillo que es aprobar el estado de alarma o excepción y someterse al control del parlamento, que por cierto es el representante del pueblo.
Un juez no debe aplicar la ley como un papanatas; debe interpretarla.Y está clarísimo que en este caso la salud pública debe estar por encima de los derechitos de unos niñatos descerebrados, inconscientes que lo único que hacían era emborracharse y drogarse en su mayoría,con la complicidad directa o indirecta de los irresponsables padres. Esos contagios nos están costando muy caros en vidas, ucis, y economía. Muy mal la jueza.
L’article és molt bó. Els jutges actualment ja sòn part del problema.
Acaba usted de caerseme del pedestal de la opinión objetiva he indendiente, señor periodista opinador. Usted cree que realmente ¿era necesario tratar así a las personas? todo por no haber tenido una mínima previsión o planificación ante lo que podía pasar al acabar el estado de alarma, ¿era necesario autorzar conciertos? o ¿no hubiera sido de sentido común tener más policía, mucha más, patrullando por las calles para supervisar el comportamiento de las ciudadanos? En fin, lo fácil siempre es culpar al otro de lo que hacemos mal.
Este artículo es una defensa del autoritarismo por encima de las libertades individuales. Este "periodista" cuestiona la independencia del poder judicial respecto al poder político. No sé cuanto le pagan por denigrar así la esencia de la democracia pero es muy triste leerle.
¿Ha leído la entrevista que se le hizo a la juez?. ¿La ha entendido?.
Venga ya ! Venga ya ! sólo cuando te conviene !
Y los POLITICOS...SUS PROFETAS.....Sin COBERTURA JURIDICA por el MIEDO DE SANCHEZ DE APLICAR EL ESTADO DE EXCEPCION.....¿Buscamos ahí lo que estamos pasando?