Dudas y recelos de los afectados ante el certificado COVID

El vicepresidente de la Asociación de Empresarios de Instalaciones Deportivas de Mallorca (Aeiem), Xavi Fuster, ha advertido de la problemática jurídica derivada, tras lo sucedido en otras Comunidades Autónomas, de la implantación de esta medida y ha reclamado que, si se llegara a aprobar, se retrasara al 1 de octubre y no a la segunda quincena de septiembre, que sería la intención del Govern.

Fuster ha argumentado que si finalmente se llega a exigir el certificado COVID para el acceso a instalaciones deportivas, este extremo no llegue antes de octubre para que el sector y los propietarios puedan prepararse «a nivel logístico y de asesoría» con sus patronales.

Además, ha reclamado una «base jurídica» que evitar que la responsabilidad de su uso acabe recayendo sobre los propios empresarios del sector.

Por otra parte, según ha señalado, en los contactos con el Ejecutivo autonómico han mantenido la reclamación de que se amplíen los aforos permitidos a partir de septiembre, cuando tendría que llegar una nueva revisión de medidas.

Asimismo, el sector reclama también el pago de las ayudas derivadas de los fondos europeos.

Por parte de los sindicatos, desde UGT han señalado que aunque ven con buenos ojos el requerimiento del certificado COVID para garantizar la seguridad de los espacios y las actividades, las fechas de las que se habla son «precipitadas».

El secretario general de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo del sindicato ha reconocido que la implantación del certificado supone «coartar libertades» por lo que ha pedido que primero se consulte a los jueces antes de tomar ninguna medida, en vista de lo sucedido en otras CCAA.

En todo caso, también han apuntado que, llegado el caso, sería «más lógico» esperar a octubre.

Desde otro de los sectores implicados, el presidente de CAEB Restauración, Alfonso Robledo, recela de la utilidad de la implantación del certificado «cuando en todas las CCAA se está tumbando esta herramienta».