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El Govern rectifica y modifica la ley que permitía vacunar de forma obligatoria al personal de las residencias de la tercera edad y a los trabajadores sanitarios. La rectificación llega después de que el Gobierno de Pedro Sánchez alertara al de Francina Armengol de que no tiene competencias para aprobar esta medida.

El Ejecutivo central planteó un conflicto de competencias con la amenaza de acabar en el Tribunal Constitucional y este aviso se ha saldado con la rectificación del Ejecutivo balear.

Lo ha hecho a través de enmiendas de los partidos de izquierdas al decreto ley que establecía esta posibilidad y que ahora tramitará el Parlament como ley .

El texto inicial

El texto original permitía al Govern obligar a medidas profilácticas de prevención de la enfermedad, incluida la vacunación para determinados colectivos o la inmunización, con información, en todo caso, de los posibles riesgos relacionados con la adopción o la no adopción de estas medidas.

En la modificación que han registrado los partidos del Pacte, desaparece esa obligación y el Govern queda facultado a plantear al Consejo Interterritorial de Salud la posibilidad de obligar a la vacunación, pero será este organismo y no el Govern quien tome la medida.

Acuerdo bilateral

La directora general de Coordinació del Govern, Isabel Castro , explica que, con esta decisión, el Govern cumple el acuerdo bilateral al que llegaron los dos gobiernos, el central y el autonómico, para evitar un recurso ante el Tribunal Constitucional. Ese acuerdo pasaba por la modificación de la ley, que es lo que se hace ahora.

El Govern es consciente de que no puede obligar a vacunarse a determinados colectivos , por lo que el portavoz del Govern hizo ayer un nuevo llamamiento a la población balear para que se vacune. «Hay que agradecer a la población que este proceso sea un éxito y un ejemplo para todo el mundo. Aun así hay que seguir mejorando», señaló ayer el portavoz del Govern, Iago Negueruela, que destacó que el 70 % de la población balear ya está inmunizada.

La ley que ahora se modifica estaba pensada para obligar a vacunarse al personal sanitario y sociosanitario que se resiste a ello. La Conselleria de Salut tenía que elaborar un listado de cuál era este personal, pero nunca llegó a hacerse, pero en la rueda de prensa en la que Francina Armengol anunció esta medida, se mencionó al personal sanitario y sociosanitario.

Según los datos del pasado mes de agosto, de los 7.128 empleados de geriátricos de las Islas, un total de 6.447 habían recibido al menos una dosis (el 90,45%) y de éstos 6.280 tenían la pauta completa (88,10%). La presidenta del Govern, Francina Armengol, también lleva semanas apelando a la responsabilidad de los ciudadanos de las Islas para que acudan a vacunarse de forma masiva.

Además de la enmienda para eliminar la obligación de vacunar, los partidos de izquierda han presentado otra que supone la creación de la Agencia de Salut Pública de Balears. Isabel Castro recuerda que fue el Govern de Francesc Antich quien dio los primeros pasos para la creación de esta Agencia, que quedó paralizada durante el mandato de José Ramón Bauzá.

La Agencia ya figuraba en la ley de Presupuestos de 2021 y ahora se desarrolla mediante esta enmienda presentada por el pacto. Este nuevo organismo tiene por objeto la ejecución de las políticas de salud pública y la prestación de los servicios que integran la cartera de servicios de salud.

Tendrá un president, un consejo rector y un director ejecutivo y tendrá como órganos de asesoramiento el Consell Assessor de Salut Pública, los consejos sectoriales y los centros insulares de salud pública. La nueva entidad contará con un presupuesto propio para poder cumplir sus funciones como corresponde.

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