La ley de Formación Profesional ya está en el Congreso y Balears lidera la creación de nuevas plazas públicas. ¿Por qué es importante?
—Hay que atender una cuestión fundamental y es que en esta próxima década más del 50 % de los puestos de trabajo que se van a crear van a ir dirigidos a técnicos medios. No lo digo yo, es lo que nos traslada el tejido empresarial.
¿La nueva FP tendrá en cuenta la realidad empresarial y socioeconómica balear?
—Por supuesto que, a la hora de implantar la nueva ley de FP, las comunidades autónomas tendrán la posibilidad de introducir la formación específica que se necesite en cada territorio. Yo entiendo perfectamente que aquí en Baleares las empresas necesiten perfiles más vinculados al ámbito sanitario o del turismo, por poner algunos ejemplos. En ese sentido es evidente que hay que dar margen a las comunidades, la Educación debe estar apegada a la realidad de cada territorio.
Baleares registra una de las tasas de abandono escolar más altas del Estado. ¿Han previsto medidas para paliarlo?
—Con la nueva ley de FP queremos que los jóvenes puedan acceder de forma fácil y rápida a un empleo estable y bien remunerado. Estoy convencida que las nuevas titulaciones, muy vinculadas a las nuevas tecnologías y a la digitalización, resultarán atractivas. También su carácter eminentemente práctico, que hará que las empresas pasen a ser una extensión de los centros de formación.
El Archipiélago es uno de los pocos territorios cuya población escolar crece cada año. ¿Cómo puede Baleares afrontar este incremento continuado?
—Esta circunstancia no deja de ser positiva y hay que atenderla a través de un esfuerzo económico. Por eso, los Presupuestos Generales destinarán a Balears algo más de 90 millones que se distribuirán entre todas las etapas educativas.
La Educación Infantil es básica para la conciliación familiar. ¿Con qué ayudas y aportaciones del Estado va a contar Baleares en ese sentido?
—El Govern ha hecho un esfuerzo muy importante y también lo hará el Gobierno de España. Se invertirán algo más de 650 millones en todo el país y en el caso de Balears estaríamos hablando de más de 7 millones de euros para nuevas plazas de 0 a 3 años durante el 2022.
¿Se puede garantizar con la nueva ley educativa que el catalán seguirá siendo lengua vehicular frente a quienes opinan que fomentar el uso de la lengua propia de las Islas es atacar al castellano?
—¿Por qué contraponer las dos lenguas? Las lenguas son una de nuestras riquezas y así queda reflejado en la nueva ley educativa. Nuestros estudiantes, cuando acaben la educación básica tienen que haber adquirido plenamente las competencias tanto en lengua castellana como en la lengua cooficial. Y si se detecta algún tipo de insuficiencia por parte de las administraciones educativas, se tienen que poner recursos para paliar esta cuestión. Me parece que queda perfectamente reflejado en la ley educativa y me consta que la ley balear va en la misma dirección. Confío en que se alcance un buen consenso al respecto y que sea lo más duradero posible.
La nueva ley educativa, la LOMLOE, es la octava ley de Educación. ¿Queda lejos un consenso político en el ámbito de la Educación?
—Creo que cuando se habla de una cuestión tan fundamental para la construcción de una sociedad como es la educación todos tendríamos que hacer un ejercicio de serenidad. Es verdad hubiera sido deseable poder alcanzar un pacto de Estado para la Educación. Pero el hecho de que no fuera posible en un pasado no significa que no haya que seguir intentándolo. Voy a seguir trabajando para conseguir acuerdos, aunque sean pequeños en los decretos que ahora tenemos que aprobar o en la ley de Formación Profesional.
Baleares ha implantado la asignatura de Religión Islámica. ¿Deben continuar las asignaturas de Religión en la enseñanza pública?
—No sólo Baleares imparte la asignatura. A día de hoy son ya más de diez las comunidades que ofrecen esa posibilidad. La decisión deriva de una ley del año 1992. Cuando hay una demanda suficiente de familias que solicitan y piden este tipo de educación, las administraciones tienen que trasladarla en cumplimiento de la ley. Si nos centramos en la enseñanza religiosa, ha habido cambios. A diferencia de lo que pasaba en tiempos del Partido Popular, en la nueva ley educativa las asignaturas de religión, aunque se siguen impartiendo en horario escolar ya no computan desde el punto de vista del expediente académico ni para becas o para promocionar de curso.
La nueva ley prevé cambios profundos en todos los ciclos de la educación. ¿A qué se deben?
—El director del programa PISA lo deja bien claro cuando afirma que el sistema español está formando al alumnado para un país que ya no existe. Memorizar conceptos no basta. El reto es ser capaces de conectar esos contenidos para poder resolver un problema real. Es un cambio de modelo que va a hacer mucho más partícipe al estudiante y que le va a exigir un esfuerzo. Un esfuerzo que también se exigirá al profesorado de este país.
Miles de familias piden el fin de las mascarillas en los centros educativos. ¿Qué condiciones se tienen que dar para que eso sea posible?
—Tenemos prácticamente el 100 % de las aulas de nuestro país abiertas, los niños están disfrutando del derecho a la educación de una manera segura. Hay que recordar que los menores de 12 años no están vacunados. La normativa marca que en los espacios abiertos hay que llevar mascarilla cuando no se pueda garantizar la distancia de seguridad. Si el día de mañana las autoridades sanitarias consideran que hay que flexibilizar, se hará. Pero la prudencia y la coordinación me parecen fundamentales, hay que continuar por ese camino.
La pandemia ha puesto los procesos de digitalización en primera línea. ¿Su fomento implicará reducir la presencialidad?
—Con la crisis sanitaria el sistema educativo ha conseguido hacer de la necesidad virtud. Aprendimos que se puede exprimir mucho más esa educación digital con clases en línea. Por eso, el Ministerio de Educación dedica algo más de mil millones de euros a la digitalización, con partidas destinadas a la formación del profesorado o a la compra de nuevos dispositivos. Pero la pandemia también dejó muy claro que la presencialidad es insustituible. Los niños y las niñas necesitan ir a sus escuelas, compartir su tiempo con sus iguales o estar cerca de sus profesores. Este curso apostamos por la presencialidad, estaba en juego la salud mental y emocional de los alumnos. Es el motivo por el cual este curso abandonamos las clases a distancia que marcaron el pasado año.
