Entidades ecologistas critican el uso del Impuesto de Turismo Sostenible

Reclaman volver a garantizar que es «un impuesto finalista ecopatrimonial», que se revisen sus finalidades, el sistema de votación y de evaluación de proyectos y que se garanticen la transparencia y la participación real y efectiva de los órganos de decisión. Piden la convocatoria urgente de su comisión para «regenerar el espíritu y la aplicación efectiva» del impuesto y reclaman el preceptivo informe de evaluación del impacto del ITS que fijaba la ley para antes del 31 de diciembre de 2018, y posteriormente cada tres años. Las entidades denuncian el «comportamiento abusivo» de la administración al definir el destino y reparto de la recaudación del impuesto, que "lo ha desnaturalizado y convertido en un cajón de sastre a disposición del Govern, sin participación ni transparencia en la toma de decisiones". El comunicado responde a la decisión del Govern, anunciada la semana pasada, de volver a suspender el funcionamiento de la comisión de Impulso del Turismo Sostenible y la aprobación de su plan anual estratégico, como ya hizo en 2020, para destinar los fondos «a gastos COVID», porque las inversiones en «turismo sostenible» se verán compensadas por los fondos europeos.

Las tres entidades, que forman parte del comité ejecutivo y el pleno de la comisión de Impulso del Turismo sostenible, rechazan «la degradación progresiva y desnaturalización de los objetivos originales del impuesto y la nefasta gestión que se ha realizado en los últimos años». Denuncian que, desde su creación en 2016, el Govern sólo ha convocado a la comisión para ratificar sus planes y critican que ahora se suspenda «justo cuando el diálogo social es más necesario que nunca». Afirman que desde 2016, es la Administración la que ha decidido cuáles son los proyectos a financiar, sin un criterio objetivo de valoración. Recalcan que se han utilizado los fondos «de forma disoluta, para realizar inversiones que no se corresponden con el objetivo originario del ITS». ARCA, el GOB y Amics de la Terra recuerdan que la ley establece que «se priorizará la inversión en proyectos ambientales y patrimoniales» y aseguran que «el uso que se hace de estos fondos públicos promueve todo lo contrario, agravando la crisis socioecológica con mayor crecimiento insostenible».

Las tres entidades difieren de los criterios de la Aetib para determinar que los proyectos que se aprobaban eran sostenibles desde el punto de vista ambiental, social y económico. «Desconocemos el porcentaje de recursos destinados a las actuaciones del artículo 19.3 a) de la ley: protección, preservación, modernización y recuperación del medio natural , rural, agrario y marino», destacan. Precisan que el sistema de votación establecido en la comisión revela que se constituyó «para cubrir las apariencias» porque exige la unanimidad entre la representación de las entidades de defensa y promoción del medio ambiente, lo que implica «silenciar las voces de una parte muy relevante de la sociedad en la gestión de este impuesto».

ARCA, GOB y Amics de la Terra consideran que «ciertos gastos millonarios del fondo conculcan incluso los destinos 'urgentes y extraordinarios' para paliar los efectos de la crisis de la COVID-19 potenciando la recuperación económica de las Islas Baleares». Denuncian además el bloqueo de la creación de grupos de trabajo previstos en la Ley y en el Reglamento y que nunca han sido convocados y «la connivencia del resto de administraciones ante unos hechos denunciados por escrito y de forma presencial y reiterada en las reuniones de la Comisión».