El pasado 16 de diciembre IAG comunicaba a la Comisión Nacional del Mercado de Valores a través de un hecho relevante, que había pactado con Globalia rescindir conjuntamente el acuerdo firmado el 4 de noviembre de 2019 y modificado el 20 de enero de 2021, según el cual Iberia adquiría la compañía Air Europa. Pero se daban de plazo hasta finales de enero para evaluar «alternativas y otras estructuras que pudieran resultar interesantes para ambas compañías». Fuentes cercanas a la negociación confirman que en estos momentos «se sigue hablando», estimando que «serán necesarios varios días más» para que la compañía de IAG y la de la familia Hidalgo logren alcanzar un acuerdo definitivo y cerrar con éxito una operación tan estratégica para el futuro de la conectividad aérea de España y el reforzamiento del 'hub' de Madrid.
Aunque presidente de Globalia y Air Europa, Juan José Hidalgo, ha asegurado en los últimos días que ya no hay negociaciones con Iberia y que está dispuesto a sacar adelante a la aerolínea en solitario porque no esta dispuesto a vender su empresa «a cualquier precio», lo cierto es que los equipos directivos de ambos grupos siguen trabajando hasta el último minuto en busca de una solución satisfactoria para ambas partes. De momento IAG pagará a Globalia 35 millones de euros adicionales a los 40 pactados inicialmente, como muestra de compromiso para alcanzar un acuerdo en la segunda fase de la negociación y para eliminar igualmente cualquier reclamación pendiente relacionada con el anterior acuerdo de adquisición. Ambas partes han acordado que estas cuantías se deducirán del precio de compra futuro, si se llega a un nuevo compromiso. Y es que el precio junto con las exigencias de las autoridades de la Competencia han sido dos de los principales escollos que tiene que salvar este complicado enlace aeronáutico.
La compra se anunció en noviembre de 2019, pero estalló la crisis sanitaria y el desplome del tráfico aéreo provocó una rebaja importante en el precio inicial de 1.000 a 500 millones. Una cifra que incluso ahora podría ser inferior, según las últimas declaraciones de los directivos de Iberia. A esto se unen las exigencias de las autoridades de Competencia (que busca que la operación no afecte a los consumidores y altere la competencia al compartir ambas compañías rutas a Latinoamérica), y del Gobierno, que tras su inyección de dinero público quiere tomar parte en la negociación incluso no descarta entrar en el capital.
El Gobierno español asegura que quiere «ser parte» de la viabilidad futura de Air Europa «contribuyendo a su futuro, a la solvencia, a la prosperidad y el crecimiento de esta empresa en los próximos años», reiterando el carácter estratégico de la aerolínea para el país. Ayer mismo la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, aseguraba que el Gobierno seguía interesado en apoyar «decididamente» la solvencia de esta empresa, «estratégica para España». «Desde el primer momento el Gobierno está siendo parte de la solución y parte de la viabilidad futura de la compañía y estamos analizando las distintas opciones disponibles en este momento», aclaró la ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital. La vicepresidenta explicó que en estos momentos «están teniendo lugar conversaciones en distintos niveles» y confía en encontrar una solución que «permita impulsar un futuro más próspero y mejor para la compañía». Calviño, que quiso mandar «un mensaje de tranquilidad» para todos los clientes y proveedores de la compañía, aseguraba que son varias las opciones que se abren para el futuro de Air Europa y el Gobierno lo que quiere es «ser parte» de la solución «contribuyendo a ese futuro, a la solvencia a la prosperidad y el crecimiento de esta empresa en los próximos años». Y es que el Gobierno español se juega mucho, nada menos que 615 millones de euros que ha inyectado en la compañía de Globalia mediante un préstamo avalado por el ICO por importe de 140 millones y un rescate de 475 millones autorizado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
En principio Globalia no tiene que devolver el dinero hasta 2024, pero tiene que resolver su situación antes del 1 de julio, que es cuando vence la moratoria a compañías con patrimonio negativo. La delicada situación de la aerolínea de Globalia, con una elevada deuda (cerca de 800 millones), pérdidas que arrastra del pasado año (428 millones de euros) y el dinero público que debe (más de 600 millones), podría requerir una nueva inyección de al menos 200 millones para evitar el preconcurso cuando expire la moratoria decretada por el Gobierno. Lo cierto es que la auditoría de cuentas de 2020 revelaba que debido al «alto grado de exposición del sector» y sus problemas de tesorería, existía «una incertidumbre material que puede generar dudas significativas sobre la capacidad de la sociedad para continuar como empresa en funcionamiento». Actualmente las deudas de la compañía y sus elevadas pérdidas son tales que podría estar abocada a la quiebra si no consigue solventar esta situación antes de junio, cuando termina la exención de declarar concurso de acreedores. Y además la evolución de la pandemia no presagia un futuro halagüeño a corto plazo. «Los elevados precios del combustible y los bajos niveles de tráfico aéreo, en un contexto en el que siguen vigentes las restricciones relacionadas con la pandemia, continúan ejerciendo presión sobre las finanzas de las aerolíneas, especialmente de las pequeñas y medianas de Europa, donde la competencia sigue siendo feroz», señala Azza Chammem, analista de Scope Ratings.
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