El próximo marzo se cumplirán dos años de la declaración del primer estado de alarma (época a la que corresponde la fotografía) y las multas y sanciones se gestionaron directamente por el Gobierno estatal. En el segundo, actuó el Govern. | M. À. Cañellas

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El Govern ha dejado sin efecto 1.800 sanciones que impuso durante el segundo estado de alarma –entre octubre de 2020 y mayo de 2021–; algunas las ha archivado sin continuar su tramitación y devolverá el importe de las que hayan sido cobradas. Así lo indicó este martes la consellera de Presidència, Mercedes Garrido, en respuesta a una pregunta del diputado del PP Juan Manuel Lafuente.

El importe a devolver (dato éste que no concretó en su respuesta) es de 161.478 euros. La diferencia entre el primer estado de alarma (el que se declaró en marzo de 2020 y que incluyó el confinamiento y la prohibición de circular por la calles salvo algunas excepciones) es que la Delegación del Gobierno estatal se encargó de las sanciones. En el segundo, el que incluía toques de queda y limitaciones horarias, se gestionó con las comunidades autónomas.

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En una sentencia del 26 de enero, el Tribunal Supremo anuló cuatro decretos del Ejecutivo balear que fijaba varias restricciones. Previamente, este segundo estado de alarma (igual que el primero) había sido anulado por entender que la fórmula elegida por el Gobierno estatal no fue la correcta y que cualquier medida similar pasaba por la declaración del estado de excepción. Según Garrido, sin esperar a la sentencia del Supremo –instada por un particular siguiendo la estela de Vox, según recordó ayer el portavoz de este grupo, Jorge Campos– el Govern ya había decidido no tramitar algunos expedientes y devolver las cantidades    cobradas.

Competencia

La consellera Garrido, en su respuesta, precisó que se trata de una «nulidad sobrevenida»    y que el TS no entra al fondo de la cuestión que planteaba el denunciante, es decir, no analiza si se restringieron derechos fundamentales de manera irregular. El Supremo, precisó, alude a una sentencia anterior del mismo tribunal, que concluye que el Estado no debería haber atribuido a las «17 comunidades autónomas», no solo a las Islas , la competencia de adoptar medidas restrictivas, dijo Garrido, que añadió que los 4 decretos «estuvieron amparados en la legalidad». Para Campos (Vox), «es la puntilla y Armengol debe dimitir».

El apunte

El PP reclama una ley de pandemias

El diputado ‘popular’ Juan Manuel Lafuente aprovechó su intervención para reclamar la aprobación de una ley de pandemias lo que, en su opinión, daría cobertura legal a cualquier restricción. La consellera Garrido, en su respuesta, recordó que gobiernos del PP (citó al de Galicia, que preside Alberto Núñez Feijóo) han impuesto más restricciones que el Govern    de Balears.