Rodrigo Vila, a la derecha, a su llegada a los juzgados de Via Alemania, junto a su abogado, Laureano Arquero. | Redacción Local

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Eventos «totalmente inventados» por medio mundo y cobros por actuaciones de músicos que tocaban gratis. El atestado policial del ‘caso saxo' apunta a que el exprofesor del Conservatori Superior Rodrigo Vila, falsificó más de 600 facturas y documentos públicos para conseguir acceder a subvenciones del Institut d'Estudis Baleàrics (IEB), del Consell y del Ajuntament de Palma por más de 600.000 euros entre 2013 y 2020. El exprofesor, que fue despedido con el estallido del caso, compareció ayer para declarar como investigado ante el titular del Juzgado de Instrucción 12 de Palma. Reconoció lo mismo que ya había dicho al fiscal: que las facturas son en efecto mentira. Justifica que sí que se llevaban a cabo las actividades para las que solicitaba fondos pero que, ante lo «farragoso» de la tramitación administrativa, cubría los expedientes con documentos fabricados.

De hecho, ayer presentó un pendrive con nuevos documentos que, según sostiene, esta vez sí que justifican que intervino en conciertos y actividades formativas en medio mundo: Cuba, Portugal, China o Japón. Vila respondió a preguntas del juez, el fiscal y su defensa siempre en la misma línea: la de negar que se haya apropiado de fondos y de justificar su actividad. Sin embargo, después de Vila, también declaró ayer como investigado un exalumno suyo, que figuraba como presidente de una de las asociaciones empleadas para recibir las subvenciones: la Psaiko Quarte. Cuenta que esta organización se presentaba a convocatorias cuando Vila consideraba que su otra marca, la Asociación de Saxofonistas de Europa, «había agotado el cupo de subvenciones». Incidió en algo que han manifestado varios testigos ante la Policía Nacional: la mayoría de los músicos que acudían a los conciertos y a los cursos actuaban gratis.

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Sin embargo, Vila luego presentaba a las administraciones facturas falsas a su nombre como si hubieran percibido honorarios. En ocasiones, además, estos músicos eran estudiantes del conservatorio. Según los testigos, la participación en esos conciertos era «obligada» al menos de forma oficiosa porque se entendía que formaba parte del aprendizaje. Según declaró ayer, «nadie se negaba a realizarlo» por el papel de Vila en el Conservatori y su ascendiente sobre alumnos y otros profesores que jerárquicamente dependían de él. A estos se suma que algunas de estas actividades se llevaban a cabo en la Península o en otros países y que los alumnos y otros músicos adelantaban el importe de los viajes y el alojamiento. Según los testigos, «no recibieron pago alguno» por los viajes o lo hicieron en ocasiones contadas. Con todo, a las administraciones y, de forma más importante, al IEB, les constaban esos pagos y transferencias. Algunos de los testigos niegan que asistieran a eventos e incluso, un músico afincado en Italia asegura que uno de ellos fue «totalmente inventado». También se investiga si algunas invitaciones presentadas por Vila de universidades extranjeras son falsas.

La primera alerta sobre Vila surgió con una factura de una agencia de viajes. Una técnico llamó para comprobar un dato y el documento se reveló como falso. Siguió el entonces presidente del IEB, Mateu Malondra, que, como profesor del Conservatori, aparecía en una de las facturas por un trabajo que desarrolló de manera altruista y que no cobró. A partir de ahí, la intervención de la Comunitat analizó cada una de las facturas y, tras pedir justificantes a Vila, concluyó que el fraude podría ascender a unos 600.000 euros. La Comunitat remitió el expediente a la Fiscalía Anticorrupción, quien ofició a la Policía Nacional y, tras la investigación del Grupo de Delitos Económicos, presentó una querella por posibles delitos de falsedad documental y malversación de fondos públicos.

El apunte

Medidas cautelares

La Fiscalía y las acusaciones que representan al Govern y el resto de administraciones perjudicadas reclamaron este lunes medidas cautelares contra Vila. En concreto, que se le retire el pasaporte y se le prohíba abandonar sin autorización judicial el territorio nacional. El Govern reclama además la apertura de una pieza de responsabilidad civil para imponerle una fianza y garantizar el cobro de los fondos supuestamente defraudados.