Jordi Mora: «Somos víctimas de un oligopolio energético que abusa del poder»

Contrataciones públicas. El caso de los centros de salud ha llevado a PIMEM a proponer la constitución de mesas trimestrales de negociación con el Govern para mejorar las condiciones de las contrataciones públicas. | Teresa Ayuga

Enrique FuerisPalma28/03/22 3:59
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De «histórica» calificó Jordi Mora la resolución del Tribunal Administrativo Central de Madrid que daba la razón a PIMEM en su recurso contra la licitación en un solo lote de la construcción y mantenimiento de nueve centros de salud. La patronal alzó la voz contra el concurso de Ib-Salut porque dejaba sin posibilidades a las constructoras locales y exigió la licitación por lotes diferenciados y condiciones menos restrictivas. Un espaldarazo a su gestión que casi no ha tenido tiempo de celebrar, en un momento en que la guerra en Ucrania mantiene abiertos múltiples frentes para el tejido empresarial.

¿Por qué ha sido un hito histórico el triunfo del recurso de PIMEM?
— Por varias razones: desde que se aprobó la ley 9/2017 de contrataciones públicas nunca en Balears se había parado una licitación pública de esta cantidad de dinero, 86 millones de euros. Cuando vemos una injusticia para autónomos y pymes creemos que tenemos que ser reivindicativos. Dejamos al Govern la posibilidad de retirar el recurso con una serie de condiciones pero no las aceptaron. Es una victoria de todas las pymes y todos los autónomos que marcará un antes y un después. Además, ya hemos propuesto hacer unas mesas trimestral sobre contratación pública para mejorarla con cláusulas sociales y medioambientales y de facilitación de acceso a las pymes, que pasa por hacer lotes más pequeños.

¿Es su mayor hito como presidente de PIMEM? Dígame otros dos.
— Una de las más importantes sin duda. Hemos sido muy reivindicativos pero hemos buscado consensos al mismo tiempo. Una cosa que destacaría es que PIMEM ha crecido muchísimo, con 25 asociaciones nuevas y hemos ensanchado mucho la capacidad de representación de las pymes. También hemos crecido en comunicación y en influencia política. Un ejemplo son las aportaciones que hemos hecho en esta crisis.

Una de las aportaciones que mencionaba es la ampliación de los créditos ICO anunciada ya por Maroto. ¿Satisfecho?
— Así es. Nuestra propuesta era de establecer 24 meses adicionales de carencia para las empresas que lo necesiten y un plazo para la devolución del préstamo de hasta 12 años.

Se les acusó de demorar la construcción de los centros de salud con el recurso. ¿Cómo valoran esas críticas?
— La Conselleria de Salut tardó cinco años en licitar el concurso, así que perder tres o cuatro meses en cinco años de tramitación no es una demora. Además, se ha demostrado que ninguna constructora balear se podía presentar por sí sola, ni siquiera las grandes. Pensamos que pasaría eso y se ha confirmado. Por eso actuamos. Aun así, hemos sido muy propositivos y hemos intentado negociar y llegar a acuerdos.

¿Qué espera ahora del Govern?
— Que haga una nueva licitación y que sea rápida y por lotes. Eso es al menos lo que dicta la resolución del Tribunal Administrativo Central de Madrid.

¿Existe más riesgo para el tejido empresarial en esta crisis que el que hubo con la pandemia?
— Pensamos que el 2022 el riesgo más grande que tenemos para la economía balear es la hiperinflación. Ojo, ya no digo inflación. Proponemos una solución mixta que en el caso del combustible: reducir presión fiscal y habilitar ayudas directas a profesionales.

¿Y en el caso de la energía?
— A nivel balear y estatal somos víctimas de un oligopolio energético que abusa del poder desde una posición dominante del mercado. Algunas de las energéticas estaban ganando un millón de euros diarios el año pasado y a final de 2021, cuando no había guerra en Ucrania, cuatro empresas del Ibex 35 habían ganado 10.000 millones de euros. Esto va en contra de pymes y ciudadanos, que son los que están pagando esto. Tenemos un problema estructural en el sistema energético español que se acabará cuando se acaben las rentas excesivas, lo que en Europa han calificado como beneficios caídos del cielo. La solución que planteamos también es doble: o bien se marca un precio máximo de la energía o bien se desvincula el precio del gas del cálculo del precio global de la energía.

La Organización de Países Desarrollados (OCDE) y otras entidades han propuesto un aumento de la presión fiscal sobre las energéticas. ¿No lo secundan?
— Se ha hablado de ello pero no le veo mucho recorrido. La mejor solución sería establecer un precio máximo, cosa contra la que ya se ha pronunciado el lobby europeo de las energéticas.

¿Por qué decidió PIMEM no apoyar ninguna huelga?
— Ha sido muy complicado no ir a la huelga porque había mucha presión, pero no lo hemos hecho por responsabilidad: no podemos permitirnos ver estantes vacíos en los supermercados y tampoco dejar de abastecer nuestra industria y tener que paralizar la actividad por un problema de transporte, que es un servicio básico en un territorio insular. Somos una patronal reivindicativa pero también responsable y de consensos.