Isabel Rodríguez: «No estamos para nada ante el final anticipado de la legislatura»

En 1995 dimitieron un vicepresidente y un ministro de Defensa por un caso de espionaje. ¿Es un caso similar?
—No se parece en absoluto. Aquello eran investigaciones del Estado al Estado. Aquí estamos ante un ataque al presidente del Gobierno y a la ministra de Defensa por parte de un agente externo y de manera ilícita. Desde el primer momento lo pusimos en conocimiento de la justicia, igual que en cualquier caso.

Quien pide dimisiones son los socios del PSOE en el Gobierno.
—Este es un Gobierno de coalición, el primero de la historia de España y cada partido planifica su propia estrategia. Lo que hay que poner en valor son los resultados. Eso es lo que importa. Otra cosa es que cada grupo parlamentario siga su estrategia. Allá cada cual con las suyas.

Balears estrenó gobiernos de coalición en 1999. ¿La coalición es buena o lo ideal es uno del PSOE?
—Lo importante son los resultados. Desde luego que en Balears ha dado resultados muy positivos. Es el mejor gobierno en la gestión de los fondos europeos y los datos sobre el empleo reflejan que el 25 % de todo el que se ha creado en España ha sido en las Islas. Si valoramos la actuación del Gobierno de España en términos de rentabilidad en la mejora del bienestar de las personas, el resultado es positivo. Si me pregunta qué es más cómodo, le diré que sin duda es más cómodo gobernar en solitario. Lo otro es más laborioso, hay que pactar y llegar a acuerdos.

¿No estamos ante un final adelantado de la legislatura? Feijóo pide que se convoquen elecciones
—Para nada. El presidente ha expresado su voluntad de acabar la legislatura. Y cumple su palabra. Vamos a agotarla pensando en España y los españoles. En este país nos ha pasado de todo: desde elecciones cada año a gobiernos de mayoría absoluta incapaces de aprobar los Presupuestos. Y este Gobierno los ha aprobado. Y hemos conseguido fondos europeos y una excepción de la UE para abaratar el precio de la energía. Lo que necesitamos en estos momentos es estabilidad y sosiego político para ver el efecto de los fondos de recuperación sobre nuestra economía.

Feijóo quiere elecciones.
—No deja de sorprenderme que el principal líder de la oposición, que apenas lleva un mes en el cargo, reclame elecciones. A este país no le conviene nada que pase como en Castilla y León, donde por capricho de un presidente, en este caso de Mañueco, la gobernabilidad dependa de la ultraderecha de Vox.

¿Y cuando es ERC quien dice que peligra la legislatura?
—Esquerra Republicana de Catalunya participó en la investidura y ha apoyado proyectos importantes, lo que el Gobierno le agradece. Pero también es cierto que ha fallado en los dos asuntos de mayor trascendencia social: la reforma laboral que ha permitido crear puestos de trabajo –como se ha visto muy bien en Balears, insisto– y el plan de recuperación por la guerra en Ucrania, que permite la rebaja de 20 céntimos en el litro de gasolina y el incremento del Ingreso Mínimo Vital, también en Catalunya. Y ERC ha votado que no. Entiendo que a parte de su electorado esa posición no le guste mucho.

ERC entiende que se dieron mucha prisa en investigar el espionaje a Sánchez y poco al del presidente catalán y a otros independentistas.
—Eso es falso.

¿Por qué?
—Porque fue como consecuencia de esa invasión cuando se descubrió la del teléfono del presidente del Gobierno. No tenemos nada que ocultar. En España los derechos y las libertades fundamentales están garantizadas. Nadie puede vulnerarlos sin orden judicial. Lo que sucede es que, ante el caso que afecta al Gobierno [estatal] no hemos hecho tantos aspavientos.

¿El origen de los dos espionajes fue el mismo?
—No podemos saberlo aún y no puedo añadir más.

La directora del CNI ha confirmado el seguimiento del presidente catalán y otras personas.
—El Gobierno mantiene y reitera que a ningún ciudadano se le pueden vulnerar sus derechos fundamentales sin amparo judicial. A nadie en razón de su cargo, su ideología o su manera de pensar. En España sólo se actúa conforme a la ley y con orden judicial.

¿Conocía el Gobierno el seguimiento del CNI a Pere Aragonés?, ¿lo puede decidir por su cuenta?
—El CNI hace su trabajo con estricto respeto a la ley y con autorización judicial. España es un estado democrático y de derecho.

¿No puede ser más precisa?
—No puedo decir más como ministra.

En el caso del presidente del Gobierno se ha hablado de espionajes externos, quizá de otro país. Se ha citado a Marruecos. ¿Habría que replantear la ‘luna de miel' del Gobierno de España con el de Marruecos si eso se confirmase?
—Mire, estamos hablando de cosas muy importantes como son las relaciones internacionales y la diplomacia y que tienen consecuencias muy importantes en términos de inmigración o seguridad para enfrentarnos al terrorismo yihadista. Eso es lo que ha valorado el Gobierno para alcanzar un acuerdo muy importante con el Reino de Marruecos. Sobre esta cuestión no se pueden hacer futuribles y menos poner las sospechas sobre nadie si no están acreditadas. Y por eso, igual que no puedo aceptar que se sospeche del Estado español por otras personas si no se acredita, tampoco yo puedo extenderlas sin fundamento sobre otros estados.

Ha anunciado el traspaso de la competencia de Costas. ¿Está encauzado o sólo es un deseo?
—Está encauzado y hace meses que se está trabajando en ello en reuniones técnicas. Pero no es una cuestión fácil, no basta con decir que se traspasa la gestión y ya está. Hablamos de personal, de medios humanos pero también de medios materiales. Valoro que la presidenta balear reclame lo que le corresponde según el Estatuto de Autonomía. Aunque ha habido gobiernos en el pasado que no han actuado igual este sí está volcado en los traspasos y en reconocer la importancia de las comunidades autónomas.

Como ministra de Política Territorial sabrá que hay una España que se vacía y otra que se llena. Balears tiene que dar servicios que exceden a su población de hecho.
—Negociar el sistema de financiación es muy complejo. La realidad de España es muy diversa. El Gobierno conoce la reivindicación de Balears y que su presidenta se encarga de transmitir cada vez que tiene ocasión. Ninguna comunidad es igual y, por eso, ante el nuevo sistema de financiación se ha introducido la variable de población ajustada. Pero esa negociación no se puede hacer desde el enfrentamiento ni en una pelea de bloques. Para llegar a un punto común, todos tendremos que hacer algunas renuncias. Tenemos un buen punto de partida, que es la Constitución, la que reconoce la igualdad de todos los españoles y garantiza unos servicios comunes como sanidad o educación. Los territorios no tributan, quienes tributan son las personas.

El Gobierno estatal habla de cogobernanza. La presidenta balear, de federalismo. ¿Cabe el federalismo en la Constitución?
—Es un debate apasionante y jurídicamente complejo. De hecho hay quienes señalan que el sistema recogido en la Constitución es cuasi federal. Sin duda que el sistema de las autonomía ha ido avanzando. La reforma de la Constitución no debe ser una cuestión tabú pero no tenemos ahora las mayorías que permitirían concretarla.