Imagen de archivo de una protesta de interinos. | Pere Bota

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La Coordinadora de Interinos y Temporales de Baleares ha exigido una revisión del acuerdo de la Mesa de negociación de las administraciones públicas de Baleares para la reducción de la temporalidad en el empleo público. En una nota de prensa, la Coordinadora ha resaltado este miércoles que las administraciones públicas que firmen este acuerdo «no buscan la sanción al abuso de temporalidad ni la estabilidad del personal víctima del fraude cometido». «Sólo les interesa estabilizar plazas sin pensar en las personas», ha dicho.

Por eso, ha pedido la revisión del acuerdo, antes de su firma, para sancionar «realmente» el abuso de la temporalidad para «garantizar que el 99% de ese personal estabilice su situación, como sí están haciendo otras administraciones». «De lo contrario serán responsables de romper equipos de trabajo mantenidos durante años, despidos injustos y un mal uso de los recursos públicos que irán destinados a pagar indemnizaciones», han señalado desde la Coordinadora.

Según la Coordinadora, este acuerdo se ha negociado con «demasiada celeridad». «Se está vendiendo por el Govern como un buen acuerdo con un gran apoyo sindical, cuando tres de los ocho sindicatos presentes en la Mesa votaron en contra», han indicado. Así mismo, han descrito que el acuerdo establece unos baremos para facilitar la movilidad del personal fijo utilizando unos mecanismos de estabilización «en perjuicio del personal en abuso de temporalidad». «Van a permitir que funcionarios de carrera puedan acceder con las mismas o más posibilidades que un temporal en abuso a una de las miles de plazas que van a ofertarse, convirtiendo estos procesos en una promoción interna encubierta y concurso de traslados, cometiendo un nuevo fraude de ley», han explicado, a la vez que han añadido: «Un concurso de méritos no se puede promocionar sin una habilitación legal expresa previa para ello». En cuanto a la valoración de la experiencia profesional, Interinos ha afirmado que se establecen baremos no homogéneos entre administraciones, algo que «vulnera» el objetivo de la Mesa.