La operación con la que Sa Nostra intentó construir en los terrenos de Son Bordoy en Palma fracasó por causas que no fueron culpa de los directores generales, según la sentencia. | Teresa Ayuga

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La absolución de los ex directores generales de Sa Nostra, Pere Batle y Pau Dols es ya firme. La Sala de loPenal de la Audiencia Nacional dictó este viernes una resolución en la que declaraba definitiva la sentencia que exculpaba de cualquier delito a ambos en las operaciones de financiación al Grupo Martín. En el mismo auto, la Sala declara inadmisible el recurso anunciado por la Abogacía del Estado en representación del FROB por el simple motivo de que se presentó fuera del plazo reglamentario.

Con esta decisión, los principales acusados afrontan el segundo juicio que tienen pendiente, señalado para los meses de noviembre y diciembre de este año con una sentencia muy favorable. Los hechos por los que tienen que volver al banquillo son muy similares a los relacionados con Gual. La primera sentencia de la Audiencia Nacional, absolutoria, fue declarada nula por la Sala de Apelaciones por falta de motivación. La segunda resolución insistía en que no existió ningún delito de administración desleal. Insistía que Sa Nostra se encontró con un grave problema en el año 2007 con Son Bordoy al estar al borde la quiebra las dos constructoras dueñas de los terrenos que tenían financiación de la caja. Para hacer frente al posible hundimiento de ese activo recurrieron al promotor Martín Gual «no con el ánimo de beneficiarle a él en perjuicio de la entidad, sino porque pensaron que era el idóneo».

Para la sentencia, si la operación resultó un fracaso no fue por responsabilidad de los acusados ya que Gual consiguió grandes avances en la urbanización y logró elevar la edificabilidad en Son Bordoy. Sin embargo, tras el hundimiento de Sa Nostra y la asunción de estos activos por otras entidades, se paralizó la actividad y se computaron como un agujero millonario. La Abogacía del Estado reclamaba por estos hechos una indemnización de unos cuarenta millones de euros y fue quien apeló la primera absolución. Ahora se le ha pasado el plazo. La Fiscalía y el resto de acusaciones tampoco han recurrido en esta ocasión.