Las sospechas de corrupción sobre un perito comprometen al Consell en el ‘caso Peaje'

La querella ha sido inadmitida a trámite por un juzgado de Instrucción de Palma, aunque la decisión está recurrida y pendiente de resolución. Lo mismo ocurre con el incidente de recusación. Ambos se basan en una investigación llevada a cabo por un detective privado tras una conducta extraña por parte del ingeniero cuando el presidente del tribunal del jurado le ordenó un nuevo dictamen y que se reuniera con los expertos propuestos por las defensas. Entre los ingenieros de este lado y el perito hay una discrepancia enorme en su valoración de las obras.

La investigación desveló una serie de vínculos entre el perito y el exconseller insular de Carreteras, Ernesto Santamaría, que ocupaba el cargo cuando estalló el caso y relevó al principal investigado, Antoni Pascual. La pericial de Guardiola fue pagada por el Consell Insular, un compromiso que adopto Santamaría y costó más de 200.000 euros. Según se pone de manifiesto ahora, el perito a su vez subcontrató parte de las mediciones que tenía que llevar a cabo con la empresa Gripia Gestión, propiedad de Santamaría. Es decir, que el mismo cargo político que asumió el pago con fondos públicos más tarde se habría beneficiado de ellos. Según consta, tanto en el incidente de recusación como en la querella, una extrabajadora relata al menos tres facturas entre Guardiola y Gripia.

Entre el perito y Santamaría existirían vínculos anteriores como que ambos fueron compañeros de curso en la Universidad. A juicio de las defensas, esta relación de amistad y, a su vez, un antiguo contencioso laboral entre Santamaría y una de las empresas constructoras, explicarían una animadversión en los informes y la enorme discrepancia en las valoraciones de la carretera que mantienen bloqueado el caso y abocan a la celebración de un complejísimo juicio con un jurado popular.

El apunte

La institución se juega millones en el juicio

Víctor Malagón

En el ‘caso Peaje’, la Fiscalía reclama condenas de sesenta años para trece acusados por irregularidades en la obra de la carretera. El asunto ha estado varias veces a punto de un acuerdo bloqueado por las discrepancias económicas entre el Consell y las empresas. La Administración dejó de pagar parte del canon anual a la empresa Pamasa cuando estalló y además le reclama una indemnización de ocho millones por la supuesta falta de inversión que se deduce de los informes de Guardiola. Si fracasa la acusación en el juicio, la Administración se encontrará con que debe abonar en torno a 25 millones de euros por la reclamación de Pamasa. El juez que iba a presidir el jurado ordenó que los peritos de todas las partes se reunieran para aclarar sus posturas y que valoraran los costes sin entrar en interpretaciones sobre el contrato, algo que las defensas sostienen que Guardiola no hizo.