Acusan al perito pagado por el Consell de incluir datos falsos en su informe

Esta persona es un antiguo empleado de Gripia Gestió, empresa propiedad del ex director insular de Carreteras, Ernesto Santamaría. Asegura que él entregó las mediciones, que ya eran imprecisas a su jefe y que este las modificó y así se incorporaban el informe. Según sostiene, se producen desviaciones de un 32 por ciento en esas mediciones. El efecto es que, de forma sistemática y, según los denunciantes «dolosa», los informes de Guardiola infravaloraban el coste de la obra.

Los otros expertos que han trabajado en el ‘caso Peaje' consideran que el trabajo de Guardiola incluía errores evidentes, como omisiones de la obra que se había ejecutado y que apenas había revisado una tercera parte de la carretera, por lo que entienden que existe un desvío en sus estimaciones de alrededor de un 40 por ciento. Ahí es donde aparecen los cuarenta millones que mantienen enfrentados a la constructora y al Consell insular en el procedimiento judicial que llegará a la vista oral en el mes de septiembre con un jurado popular. La tramitación de la causa acumula un enorme retraso, en gran parte por la decisión de la magistrada instructora y del entonces fiscal, Miguel Ángel Subirán, de encauzar el procedimiento hacia un jurado popular. La extensión de las actuaciones y su complejidad hacen muy difícil este tipo de proceso y, de hecho, cuando ya estaba en la Audiencia hubo un intento frustrado para devolverlo a un tribunal profesional.

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Negociaciones

Las negociaciones entre las acusaciones y las defensas para alcanzar una salida se han topado precisamente con los informes y la posición de Guardiola como un obstáculo. El Consell rechaza un posible acuerdo y el juicio amenaza con tener graves consecuencias económicas para el organismo si la acusación fracasa y, ahora mismo, la prueba clave del procedimiento es la pericial de Guardiola.

Recusación

Si prospera la recusación del perito, a decidir por la magistrada que preside el Tribunal del Jurado o, si la Audiencia admite a trámite la querella contra Guardiola, el experto sale de la causa y la acusación se queda sin sustento en cuanto al desvío en la inversión en las obras. La querella fue inicialmente rechazada por el juzgado de Instrucción, con un informe previo de la Fiscalía en ese sentido. El Ministerio Público defendía que las dudas en torno al perito debían solventarse en el juicio del ‘caso Peaje' y no en un proceso judicial aparte. El magistrado, en su auto, considera que no hay suficientes indicios de delito en su contra, una situación que ha sido recurrida por los denunciantes, empresas que forman parte de Pamasa, la constructora de la autovía.

Además de la posible inclusión de datos irreales en los informes, las principales sospechas sobre el ingeniero se basan en que subcontratara parte del trabajo con la empresa del entonces director general de Carreteras, Ernesto Santamaría, la misma persona que había comprometido al Consell a abonar los 200.000 euros que costó en origen la pericial. Esta prueba fue originalmente encargada por la juez de Instrucción pero el Ministerio de Justicia puso pegas a hacer frente al coste de la misma. El perito había sido seleccionado de forma directa por el Colegio de Ingenieros.