Eran precisas 7.500 firmas pero se entregaron más, concretamente 11.700, algo en lo que incidió este miércoles el presidente del GOB, Amadeu Corbera. Una vez comprobadas esas firmas –hay un plazo de tres meses, que se puede acortar–, la Mesa de la Cámara incluirá el proyecto de ley, tal como está redactado, para que se discuta su admisión a trámite. Después, y en un plazo, no determinado, los grupos presentarán enmiendas y podrán incorporar cambios. Es algo que ya tiene asumido el presidente del GOB. Uno de los puntos polémicos de esa norma es que prevé una comisión consultiva, no elegida por la Cámara, que tendría la última palabra ante cualquier proyecto.
«No creo que vulnere ninguna ley ya que el texto ha sido revisado ya por los servicios jurídicos de la Cámara. De otro modo no podríamos haber iniciado la recogida de firmas», indicó. «Es una norma pionera que situará a Balears como referente de todo el Estado en la conciencia colectiva de un pueblo que mira a los errores del pasado para, así, poderes prevenir y garantizar el futuro», precisó.
La toma en consideración se aprobará con los votos de los partidos del Pacte y ningún partido de los consultados por el grupo ecologista (se ha reunido con todos salvo con Vox) ha expresado su rechazo a que se tramite. A diferencia de otras leyes, si al final de la legislatura (las elecciones serán en mayo de 2023) todavía estuviera en fase de tramitación, podría mantenerse para la legislatura siguiente (no decaería) al tratarse de una proyecto legislativo de iniciativa popular. El GOB espera que se aceleren los plazos aunque la votación final en esta legislatura no está garantizada.
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