Gual niega a la juez que hubiera órdenes políticas para adjudicar el náutico de Ibiza

Gual de Torrella junto a su abogado. | Jaume Morey

Víctor MalagónPalma05/07/22 12:42
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Gual de Torrella niega que se amañara por órdenes políticas el concurso para adjudicar el puerto deportivo de Ibiza. En su segunda comparecencia este martes ante la magistrada Martina Mora, el expresidente de la Autoritat Portuària de Balears (APB), fue interrogado por la juez por su relación con la presidenta del Govern, Francina Armengol. Gual señaló que, tras tomar posesión, mantenía reuniones de forma periódica con ella y que estas se espaciaron con el tiempo. Las enmarcó en una relación institucional y negó que en ellas se le transmitieran órdenes para manipular adjudicaciones. Eso sí, indicó que sí tenía valor el criterio de la presidenta y que si algo no le gustaba, no se llevaba a cabo.

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En torno a Ibiza, Gual insistió en que, igual que en Maó, existía un interés social porque el Club Naútico mantuviera la concesión que explotaba desde hacía cien años. Señaló que existieron numerosos acuerdos tanto en el Congreso como en el Parlament y en el Ajuntament de Eivissa para mostrar el respaldo político a la entidad. Detrás de ese interés, señaló, también estaba el de mantener amarres económicos y accesibles en las Islas en lugar de seguir la tendencia de grandes empresas que tendían a aumentar los precios y las plazas para embarcaciones más grandes y más rentables. Sin embargo, el expresidente de la APB negó que ese interés se materializara en órdenes a los técnicos para que alteraran sus valoraciones o en una manipulación del concursos. Gual explicó que el proceso de concurrencia de proyectos que se abrió siguió siempre los criterios que marcaron los técnicos y que él actuó con la seguridad de que todo se hacía de manera correcta porque contaba con el respaldo jurídico de la Abogacía del Estado.

Además del expresidente de la APB este martes están citados para declarar como investigados por esta pieza la jefa de la Abogacía en Balears, Dolores Ripoll y el exvicepresidente del APB, Juan Carlos Plaza. Esta investigación sobre la ajudicación de Eivissa es la segunda pieza de la causa sobre la que se levanta el secreto y se inician diligencias, después de la que aborda el puerto de Maó y que está ahora pendiente de un informe de la Intervención General del Estado sobre el mecanismo de adjudicación. El resto del caso lleva bajo secreto de sumario desde el mes de abril de 2020.