Los ciudadanos pagamos las ayudas que aprueban los gobernantes. | Freepik

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Esta crisis la vamos a pagar todos. Así de claro. Por mucho que los gobernantes de las diferentes instituciones públicas se empeñen estos días en mostrarse como los salvadores de los 'pobres' ciudadanos, lo cierto es que son meros gestores del dinero que entre todos depositamos en las arcas públicas. Por tanto, los contribuyentes costearemos las medidas que aprueben los políticos. Y no sólo lo haremos los actuales, sino que será una herencia envenenada que dejaremos a las futuras generaciones. En julio la deuda pública española era de 1,487 billones de euros, el dato más alto de la serie histórica con un incremento del 6,8% con respecto a los niveles previos a la pandemia.

Sin embargo, los dirigentes parecen ajenos a este espeluznante dato, y más a las puertas de un año electoral (elecciones autonómicas, municipales, insulares y probablemente generales), pese a que el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha advertido de la necesidad de tener cuidado con el incremento de las deudas públicas. La carrera por el reparto de ayudas la inició el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Anunció la supresión del impuesto de patrimonio en su región y una deflactación del IRPF. Acto seguido, se sumaron los dirigentes de otras comunidades, e incluso el Gobierno contraatacó con un impuesto a las grandes fortunas. Baleares no se ha quedado al margen y la presidenta Francina Armengol ha aprobado un «escudo social» con 200 millones de euros de ayudas para las familias.

España no es el único país que ha optado por repartir ayudas a los ciudadanos, Alemania -hasta hace poco máximo exponente de las políticas de austeridad- ha dado luz verde a un paquete de ayudas de 200.000 millones de euros para los próximos dos años para que «los jubilados, los empleados, las familias, la gente del campo y de la ciudad puedan pagar sus facturas».

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¿Sirven para algo las ayudas?

La pregunta que se hacen muchos ciudadanos es si estas ayudas, y otras anunciadas desde que comenzó la guerra en Ucrania y la inflación se disparó, sirven para algo. Algunas son genéricas y repercuten directamente en todos los bolsillos, independiente de su nivel de renta. Esta es el caso de los descuentos en el precio de la gasolina, que benefician tanto a las familias más humildes como a las más adineradas. Algo similar sucede con las ayudas al transporte público. ¿Es necesario beneficiar con este tipo de medidas a todo el mundo, independiente de su renta? En mi opinión, no porque las pagan todos los contribuyentes, también los que tienen un salario mensual de 1.000 euros, que -por citar un ejemplo- financian una parte de la bonificación del combustible que repone el propietario de un Porsche.

¿La solución es limitar las subvenciones a las rentas más bajas? Tampoco. De hecho, uno de los grandes problemas de este país es el castigo fiscal que padecen las clases medias. El paquete de medidas del Govern balear está bien: prevé ayudas para pagar las extraescolares, los libros de texto, la hipoteca, etc. Sin embargo, todas aquellas familias que superen los 52.800 euros de ingresos conjuntos o los 33.000 euros de renta individual no podrán recibirlas. ¿Estas personas no están sufriendo el encarecimiento de la cesta de la compra o de las hipotecas? Sin lugar a dudas, sí.

Más restrictivas son las herramientas para paliar los efectos de la subida del precio de la energía que ha anunciado esta semana el presidente del Gobierno, enfocadas a las personas más vulnerables. Se movilizarán 3.000 millones de euros para beneficiar al 40 % de los hogares españoles, según los cálculos del Ejecutivo. Del 60 % no todos son grandes patrimonios; de hecho, la gran mayoría tienen dificultades para llegar a fin de mes. ¿No sería mejor decantarse por incentivar el ahorro aunque eso suponga tener que tener unas Navidades con menos luces?