Ahora, y hasta finales de diciembre, los ciudadanos pueden consultar las marcas y los periodos afectados en este portal. Como ha precisado el presidente de Pimem-ASTAM, Jeroni Valcaneras, las reclamaciones son totalmente gratuitas y fáciles de hacer, y permiten a la ciudadanía en general «denunciar los abusos y las malas prácticas de los fabricantes que acordaron incrementar sus precios entre un 10 % y un 15 % del valor de venta entre 2006 y 2013, como ha ratificado el Tribunal Supremo».
ASTAM estima en más de 500.000 las furgonetas y derivados de turismo y 8 millones de turismos afectados en España de los cuales en Baleares se podrían ver afectados entre 500.000 y 600.000 usuarios. Además, Valcaneras ha recordado que las anteriores reclamaciones llevadas a cabo por Fenadismer han sido exitosas, pero en su momento fueron contra el cártel de fabricantes de camiones y contra las petroleras. «Estamos ante un nuevo caso de abuso y que acaba afectando a las pymes y autónomos de manera injusta e inaceptable».
«La denuncia no supone ningún coste, ningún riesgo, se percibe el 75 % de la reclamación y el resto es para los abogados que afrontan esta macro causa», ha asegurado el presidente de Pimem, Jordi Mora. En los últimos años, Fenadismer ha venido actuando de forma muy activa y exitosa en contra de los diferentes oligopolios y prácticas anticompetitivas que ha venido sufriendo el sector del transporte por carretera en diferentes ámbitos los últimos años. «Prueba de ello fue la reclamación contra el conocido cártel de fabricantes europeo de camiones promovida en 2016, que afectó a más de 200.000 camiones en toda España, o más recientemente la macro demanda interpuesta el pasado año por un importe superior a los 100 millones de euros contra las principales petroleras establecidas en España por sobreprecios en los carburantes durante los últimos 14 años», ha señalado la entidad.
En esta ocasión, puso en marcha en septiembre una nueva reclamación judicial colectiva contra el cártel español de fabricantes y concesionarios de furgonetas, turismos y derivados, fundamentada en las sentencias dictadas a lo largo del pasado año por el Tribunal Supremo.
Estas han ido ratificando la Resolución dictada en 2015 por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), en la que se condenaba con una multa por importe de 171 millones de euros a la práctica totalidad de marcas que venden vehículos automóviles en el Estado. Así, en las referidas sentencias, para la organización ha quedado acreditado que entre 2006 y 2013 las 21 marcas sancionadas han estado operando en España a través de la puesta en común entre ellas de información con el fin de elevar artificialmente el precio de los vehículos, que se estima aproximadamente entre un 10 % y un 15 % del valor del vehículo.
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