Tras la confirmación de la jurisprudencia que comenzó decretando como abusivas las cláusulas suelo de las hipotecas y su extensión de otras similares se produjo una explosión de estas demandas. En Baleares, se dedicó un juzgado en exclusiva para resolver estas reclamaciones, el Primera Instancia 17 bis de Palma. Durante los momentos de más actividad llegó a tener hasta cuatro jueces para poder dar a basto entre el titular y varios refuerzos.
La existencia de este órgano, que asumía todos los asuntos de este tipo en Palma, se prorrogó por última vez el pasado mes de julio por seis meses más. La Sala de Gobierno del TSJIB reclamó al Poder Judicial que se extendiera la medida una vez más durante todo el 2023 ante el número de asuntos pendientes que todavía quedan por resolver. Sin embargo, el CGPJ ha decidido ponerle punto y final. De acuerdo con los últimos datos del Poder Judicial, en este juzgado habían ingresado un total de 15.787 asuntos distintos en Baleares. De ellos se habían resuelto casi 13.000. En los últimos años la tasa de resolución se había incrementado mucho en este juzgado y se resolvían más asuntos de los que entraban nuevos, si bien en 2021 hubo un importante incremento de las reclamaciones.
El atasco de las reclamaciones por condiciones generales de la contratación ha ido avanzando y se ha desplazado en gran medida desde los juzgados de Primera Instancia hasta la Audiencia Provincial, ante los reiterados recursos que interponen tanto las entidades bancarias como los consumidores contra las primeras sentencias.
De acuerdo con las estadísticas del Poder Judicial, estos juzgados han dado la razón a los consumidores que han presentado las demandas en un 97 por ciento de los casos. En cualquier caso, algunas de las cláusulas y su interpretación todavía no están cerrada del todo. De hecho, la magistrada que ha estado al frente más tiempo del 17 Bis de Palma planteó hace un año una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para unificar doctrina sobre las mismas.
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Los ministros y ministras del PP y PSOE acaban "colocados" en bancos y energéticas. Resultado: los bancos y las energéticas hacen lo que les da la gana en España. Así de fácil. Y ahora, a joderse y con dos piedras.