PIMEM denuncia un «pelotazo» en la concesión de 120.000 metros cuadrados del Puerto de Palma a una empresa gallega

Los presidentes de PIMEM, Jordi Mora, y de ADNEA, Álex Casares, han denunciado este hecho en la sede de la patronal, acompañados de los miembros de la ejecutiva de la asociación náutica, Javier Calomarde y Rocío García. Después de años reclamando un mayor espacio para la actividad del sector industrial en el puerto, se quejan, «ahora vemos como se adjudica ese espacio a dedo a una sola empresa, lo que llevará al monopolio y a una gestión ineficiente». El proyecto -de unos 50 millones de euros- beneficiado por este presunto «traje a medida» que denuncian las patronales ha sido presentado por Astilleros de Mallorca en nombre de la empresa gallega Astilleros Freire.

Los empresarios reclaman la retirada del proceso de adjudicación -publicado en el BOE el pasado 29 de diciembre y con un solo mes de plazo para la presentación de los proyectos y de sus correspondientes avales- y la apertura de un concurso público para un varadero abierto que permita la actividad de diferentes empresas en el mismo. «Nos da igual la empresa que gane este concurso, pero un pelotazo como este es inaceptable», ha afirmado Mora.

«Llevamos años abogando por un varadero abierto: la industria náutica en Baleares creció a partir del varadero abierto STP en 2007», señala Casares. El presidente de ADNEA explica que las empresas del sector, que en su mayoría son micropymes y autónomos, «tienen que irse fuera de aquí porque no hay espacio suficiente». Un motivo por el que «llevamos años con problemas con la Autoridad Portuaria». «Es una pena que en vez de preocuparse por las empresas locales el Govern intente dar pelotazos», ha sentenciado.

Rocío García ha recalcado que si bien la adjudicación parece cumplir con los requisitos legales, «no nos parece éticamente correcto». A su entender, la gestión monopolizada del varadero afectará igualmente a la operatividad de todo el sector, con lo cual «estamos todos muy preocupados».

«Nos sentimos engañados con esta aberración administrativa, que ha sido una sorpresa de último momento», ha señalado Calomarde, quien ha explicado que la figura del trámite de competencia de proyectos se suele utilizar para adjudicaciones de otro perfil, proyectos a pequeña escala sin mucha competencia cuya tramitación se pretende agilizar. «Este no es el caso».

Los empresarios solicitaron la ampliación del plazo de un mes concedido en la apertura del proceso de adjudicación, aunque por lo pronto no han obtenido respuesta. Sus abogados están estudiando acciones legales, aunque de momento el deseo es que la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) paralice el proceso antes del próximo domingo, que es cuando finaliza el plazo. «Solo pedimos diálogo y que se recapacite». Para Jordi Mora «a pesar de su legalidad es un modus operandi más propio del siglo XX que del siglo XXI ya que lo que pesa son las influencias de empresas poderosas, propietarios muy influyentes y relaciones directas con Puertos del Estado».