El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (Ccaes), Fernando Simón, ha reivindicado este jueves, en un acto en Palma, la importancia de la vigilancia en Salud Pública, que «es eficaz pero no eficiente», y ha instado a reformularla, porque «no puede ser el patito feo de la salud». Así se ha expresado Simón durante su intervención 'El reto de la Vigilancia en la Salud Pública', en la última de las cuatro charlas organizadas por la Agencia de Salud Pública y Participación para tratar los retos de futuro en este ámbito. El director del Ccaes ha recordado que este concepto de vigilancia sanitaria empezó en los ejércitos, «porque si se sabía qué le pasaba a los soldados, se tenía un ejército más saludable y se ganaban batallas», algo que se convirtió «en el germen de la vigilancia de la salud en el resto de la población».
En este sentido, ha considerado que «se hacía bien para esa época, pero no era todo lo buena que debía ser». A partir de entonces, según ha ejemplificado Simón, se han llevado a cabo algunos avances como el Real Decreto de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (1995); la Ley General de Salud Pública (2011); el Dictamen para la reconstrucción social y económica del Congreso (2020); el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, o iniciativas parciales de las comunidades o Ministerio de Sanidad, entre otras. «Hay que vigilar de manera coordinada, organizada, con recursos modernos, porque la vigilancia no puede ser el patito feo de la salud, ya que sin datos sólidos no podemos tomar decisiones eficaces», ha insistido el director, que si bien no cree que la actual vigilancia sea «mala», tampoco es «todo lo buena que debería ser».
En este punto, ha resaltado la necesidad de impulsar la Red Estatal de Vigilancia en Salud Pública para crear una «red de principios coherentes que garantice a nivel nacional si las iniciativas parciales son útiles, o que permita coordinar las acciones que se hacen en España con las que se hacen fuera». «En mayo debería aprobarse este Real Decreto. Si todo va bien, se habrá creado esta Red Estatal de Vigilancia en Salud Pública por primera vez, no solo en España, sino que estaremos dando un paso por delante de una gran parte de los países del mundo», ha valorado Simón. Asimismo, según ha previsto, esta iniciativa se sumará al Proyecto de Ley de la Agencia Estatal de Salud Pública, actualmente en tramitación parlamentaria, que presumiblemente verá la luz este verano. «Estamos en el periodo ventana, tenemos que aprovechar a importancia que se le da ahora a la Salud Pública», ha finalizado el director del Ccaes, quien ha sentenciado que, con el coronavirus, ha quedado demostrado que «la salud pública es un asunto de Estado y no solo sanitario».
Las jornadas
Medio centenar de profesionales han participado este jueves en la última jornada del ciclo de charlas sobre Salud Pública, una sesión que ha contado también con la intervención de la directora del Departamento de Salud Pública y Ambiente de la Organización Mundial de la Salud (vía telemática), Maria Neira, quien ha reflexionado sobre los retos de futuro de la Salud Pública. El programa arrancó el pasado mes de octubre y se ha prolongado hasta este jueves. Ha constado de cuatro sesiones, con ponencias y mesas redondas sobre temas como comunicación, datos, profesionales, participación y coordinación alrededor de las políticas y estrategias de Salud Pública.
Durante la clausura, la directora general de Salud Pública y Participación, Maria Antònia Font, se ha detenido en las conclusiones del ciclo. Ente ellas, ha resaltado la necesidad de crear grupos de trabajo interdisciplinares e intersectoriales para coordinar, promover acciones, invertir en formación del personal sobre la importancia de la comunicación en Salud Pública, mejorar las herramientas informáticas, crear un observatorio de datos, incorporar convenios con universidades para desarrollar la investigación, crear una agencia de Salud Pública, establecer un plan de participación ciudadana, promover la visión y formación 'One Health', o establecer mecanismos que permitan evaluar el impacto en las actuaciones de salud pública en la salud de la sociedad, entre otros.
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