Los 15 centímetros de la discordia

Hace apenas tres meses, la misma finca fue objeto de un juicio. Los dos empresarios que la habían construido afrontaban una acusación por estafa por la que se les reclamaban hasta seis años de prisión. Fueron absueltos. Esa sentencia de la Audiencia Provincial cuenta la historia de la finca. Los dos empresarios compraron un solar por 300.000 euros en 2006 para construir una nave industrial. La obra fue de incidencia en incidencia y nunca tuvo un certificado que acreditara su legalidad. Primero faltaba un aljibe, luego un cerramiento. Pese a ello comenzó a correr dinero. Para la construcción los empresarios se hipotecaron en 800.000 euros y consiguieron una tasación que señalaba que esa nave, con todos los permisos, tendría un valor de 2,2 millones de euros.

En el año 2010 se produjo la operación que les llevó a juicio. Pactaron su venta con otro empresario. Se optó por hacerlo a través de un banco mediante un arrendamiento financiero: la entidad adquirió la finca y es su actual propietario. Pagó algo más de 900.000 euros de los que los dueños originales recibieron apenas 160.000. El resto fue para cancelar hipotecas. Después el banco pactó con el nuevo comprador un precio de 1,3 millones de euros, primero con un alquiler mensual como pago.

El comprador denunció haber sufrido una estafa después de no haber podido poner en marcha durante años la nave industrial por falta de permisos. Sin embargo, la Audiencia señala en su sentencia que no fue engañado. El principal obstáculo para legalizar la nave son esos quince centímetros de retranqueo y no fueron detectados por el Ajuntament hasta 2019. Un experto aclaró lo que pasó en el juicio. La obra se hizo después de que se construyera una medianera entre esa finca y la vecina y no se tuvo en cuenta ese obstáculo a la hora de calcular la longitud de la nave. De esa manera se construyó lo que estaba previsto pero quince centímetros desplazado. El resultado no es legalizable. En 2018 el banco pactó una nueva operación de compraventa de la nave industrial y, de nuevo acabó en los tribunales.
Un juzgado de Primera Instancia de Palma señala que esos quince centímetros suponen un «incumplimiento grave y esencial que frustra de forma relevante las legítimas expectativas del contratante», que no puede dedicar a ninguna actividad la nave que había comprado.