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Plataforma per la Llengua ha anunciado este miércoles que están estudiando las acciones legales a emprender para responder a las decisiones de los ayuntamientos de Palma y Calvià «contra la lengua catalana». En un comunicado, la entidad ha avanzado que «próximamente» se reunirán con el alcalde de Palma, Jaime Martínez , para comunicarle la voluntad de recurrir las medidas aprobadas. En concreto, han detallado que analizarán si la modificación del reglamento de normalización lingüística aprobada en Cort la pasada semana puede «atentar contra la normativa vigente de Baleares». Asimismo, en cuanto a las bases de las convocatorias de las empresas públicas Calvià 2000 y OhLimpia, que ahora imponen el catalán como mérito y no requisito , han advertido que si las mismas «relegan el catalán a un simple mérito a la hora de contratar a trabajadores la entidad las recurrirá por vía administrativa y, si conviene, las llevará a los tribunales».

El delegado de la Plataforma en Baleares, Ivan Solivellas , intervino en el anterior pleno municipal de Palma para criticar que la modificación del reglamento municipal vulneraría los derechos lingüísticos de los catalanoparlantes y desprotegería la lengua, según han recordado. «Relegar el catalán a un apéndice del castellano hace que el catalán se vuelva poco útil , ya que todo el mundo está obligado a saber castellano, como impone la Constitución», manifestó Solivellas. En este punto, Plataforma per la Llengua ha insistido que, bajo su punto de vista, modificar el reglamento con el pretexto de que todo el mundo pueda dirigirse a la administración tanto en catalán como en castellano es «propaganda política, porque ya quedaba garantizado con el reglamento anterior». Así, han indicado que analizarán si puede tener recorrido legal llevar la modificación del reglamento a los tribunales o si recurrirla por vía administrativa.

Por otro lado, Plataforma ha reiterado que siguen «de cerca» la acción del Ayuntamiento de Calvià de que el catalán deje de ser un requisito para trabajar en las empresas Calvià 2000 y OhLimpia «Para la entidad, si el Consistorio cumple con lo que ha anunciado podría vulnerar diferentes textos legales», han sentenciado, recordando que la Ley de función pública, por ejemplo, establece desde hace ocho años que las administraciones deben asegurarse de que todos los trabajadores públicos tengan un cierto nivel de capacitación lingüística en catalán. Además, han insistido en que el reglamento municipal de normalización lingüística de 1988 establece que el Ayuntamiento de Calvià tiene el objetivo de que el personal del Consistorio conozca las dos lenguas oficiales y, especialmente, la catalana, para potenciar su uso oral y escrito, han añadido. Así, para recurrir por vía administrativa o a los tribunales la decisión anunciada por el alcalde de Calvià, la Plataforma ha señalado que esperarán a leer las bases concretas de las convocatorias de ambas empresas públicas.

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