«Era mi obligación legal llevar a Fiscalía el expediente de Metrovacesa»

¿Qué sospechas tienen con los pisos de Metrovacesa para enviarlos a Fiscalía?
—Para mí no ha sido agradable ni divertido tener que ocuparme de esto como primer asunto. Se hizo porque había unos tiempos judiciales que obligaban a hacerlo rápidamente porque corríamos el riesgo de que el juez levantara la medida cautelar y que el presupuesto de vivienda y de puertos quedara definitiva e irrevocablemente comprometido.

No hay una denuncia concreta.
—Ni la habrá. No me corresponde a mí hacer denuncias ni valoraciones, pero actué así porque, a la vista del expediente, consideré que era mi obligación legal dar traslado a la Fiscalía; yo soy la responsable de este barco y podía tener que asumir unas responsabilidades que no estoy dispuesta a asumir.   

¿Se ha reunido con alguien de la empresa?
—Nunca he hablado con ningún fondo. Hablé por teléfono con un particular, que no es representante de ningún fondo, con el que había tenido contactos como abogada porque hace años encargó un trabajo a mi despacho. Esta persona me llamó para encargarme más asuntos y, entre los que me planteó, salió Metrovacesa. En ese momento le interrumpí porque ni yo era consellera ni Prohens presidenta. Le dije que enviara un correo a la Conselleria, en la que aún estaba el anterior responsable, pidiendo cita con el futuro conseller. Hice lo que debía hacerse.

—¿Puede adelantar algo de lo que se aprobará en breve?
—Tengo la obligación de ser discreta porque hay que ser muy cautelosos para no generar especulación. Además, creemos en un consenso real y queremos consensuarlas con otras administraciones, pero estamos preparando un paquete de medidas de las que me siento muy satisfecha.

¿Ceder suelo a los promotores para que construyan?
—Esa medida no entrará en este paquete urgente porque requiere estudios bastante más complejos.

También se anuncian cambios para eliminar la expropiación a grandes tenedores.
—Los cambios en la Ley de Vivienda llegarán a medio plazo.    Vamos a redactar una nueva ley de vivienda, no una modificación de la actual, pero aún no hemos entrado en el contenido del articulado.

Han llevado al Constitucional la Ley de Vivienda estatal.
—Queremos aprobar nuestra propia ley con carácter urgente porque la Abogacía de la Comunitat cree que la ley estatal va en contra del reparto de competencias entre elEstado y las comunidades. Mientras se resuelve el recurso, vamos a ejercer plenamente nuestras competencias en materia de vivienda porque tenemos las competencias plenas y    no necesitamos la tutela del Estado para ejercerlas.

¿No habrá limitaciones al precio de los alquileres?
—Formo parte de un Govern liderado por Marga Prohens que ha ganado las elecciones con un programa que es su compromiso con la ciudadanía. Cuando lleguemos a la redacción de la ley, cumpliremos los puntos de ese programa que ganó las elecciones y del pacto con Vox.

Ese programa no deja claro la ampliación de las líneas de tren.
—Ya hemos celebrado el primer consejo de administración de SFM y he solicitado un estudio de coste de cada una de las propuestas, usuarios que podrían beneficiarse, otras alternativas de transporte... Hay que estudiar todas las opciones de una manera global y combinar las posibilidades de tren y de transporte por carretera. Ahora estamos en la fase de diagnosis.

¿Hay demasiados coches?, ¿hay que conseguir que la gente lo use menos?
—Ojalá. Tengo la sensación de que, en transporte público, está todo por hacer. Hay que sentarse con las administraciones y vamos a crear una comisión interterritorial del transporte para plantear soluciones globales. Hay una mesa del transporte que no se convoca desde 2020 y se tiene que reactivar y, en paralelo, habrá que rehacer el consorcio de transporte para que entren otras administraciones.

El 1 de enero el transporte dejará de ser gratuito. ¿Va a intentar que se siga la bonificación?
—He pedido que me den toda la información de los pros y contras que ha supuesto esta medida, pero de los 43 millones prometidos solo han llegado 3 al Govern y las empresas están financiando esta operación. No se han aumentado las frecuencias ni el número de autobuses y estamos ante un problema de seguridad porque la gente viaja en condiciones que no están permitidas ¿Qué pasa si hay un accidente? La responsabilidad será de los políticos. Frente a medidas muy efectistas, aquí hay un Govern responsable que tomará las decisiones que se puedan.