Cinco años de cárcel para un constructor por vender un piso ilegal en Palma por 235.000 euros

Un tribunal de la Audiencia Provincial de Palma considera probado que el acusado fue el responsable del engaño junto a otro empresario que está fugado. El que sí fue juzgado era el administrador de la empresa constructora. El otro sospechoso le encargó una serie de obras de reforma. El acusado solicitó licencia para la reforma de dos baños y de las cocinas de dos pisos. Sin embargo, la actuación que se llevó a cabo fue una reforma completa de los dos pisos del edificio, tanto interior como exterior. En octubre de 2016, el Ajuntament de Palma detectó la ilegalidad. Primero ordenó la suspensión de las obras y requirió al acusado para que la legalizara en dos meses. Cort desestimó las alegaciones de la empresa y y poco después notificó al acusado el decreto de demolición de las obras.

Mientras se producía todo ese proceso de sanciones y suspensiones urbanísticas se llevaba a cabo la venta de una de las viviendas. Los compradores, que más tarde denunciaron la estafa, firmaron cuando el expediente ya estaba avanzado. En ningún momento se les informó de los problemas administrativos que tenía el piso y la compraron como si todo fuera correcto. En el juicio, el empresario ahora condenado, descargó toda la responsabilidad en el que se encuentra fugado. Según su versión, solo era el constructor de las obras y no había participado en la negociación con los compradores ni en ningún episodio de la venta y que, aunque estuvo presente en la firma, «no era su función» informar de todos los problemas urbanísticos.

El tribunal no se cree esa versión. En primer lugar, por la presencia del acusado en la firma de los contratos y porque él era quien intentó legalizar, sin éxito, las obras ante la administración. El elemento más incriminatorio que valoran los jueces es que, poco después de que se produjera la venta, el acusado que está fugado le transmitió de forma íntegra la empresa que había formalizado la operación. Cambió más tarde el nombre la sociedad y se desentendió de la situación en la que quedaban los compradores. Junto a la pena de prisión, la Audiencia condena al empresario a una multa y a indemnizar a los compradores con los 235.000 euros que pagaron, lo que han desembolsado para intentar arreglar la situación y por daños morales.