El director del Ibavi ha empezado la comparecencia con un repaso de su vida académica y profesional, y acto seguido ha arrancado el turno de preguntas de los diferentes grupos parlamentarios. El primero en intervenir ha sido el representante del PSIB Marc Pons, quien le ha recriminado sus actuaciones al frente de la misma institución durante la legislatura de 2011 a 2015. Pons, entre otras cuestiones, le ha reprochado la venta de suelo público a promotores privados, el cierre de las oficinas del Ibavi en Menorca e Ibiza durante este periodo y le ha pedido explicaciones sobre la decisión de enviar a la Fiscalía Anticorrupción el expediente de la compra de pisos de Metrovacesa en el barrio de Palma de Nou Llevant.
Sobre este último asunto, Cayuela ha replicado que «no le podía detallar mucho» porque ha sido una decisión «anterior a su nombramiento» como director del Ibavi y únicamente ha explicado que el dinero que se iba a emplear para la operación se ha devuelto a Ports-IB. En cuanto a las actuaciones de su anterior mandato, ha incidido en que la situación actual es «muy diferente» a la que se encontró entonces. «En los fondos solo había telarañas», ha defendido. Una de las afirmaciones de Pons que Cayuela ha pretendido desmentir hacía referencia a que «no se hiciera vivienda pública» durante la legislatura que estuvo al frente del Ibavi.
El gerente del instituto ha apuntado que, a través de fondos europeos, se pudieron hacer promociones y ha puesto el ejemplo de 14 viviendas en Formentera. «Fíjese si me acuerdo que, cuando fuimos a pagar el solar a Formentera, había temporal y, en el barco, la secretaria general del Ibavi me vomitó encima», ha detallado. Por lo que se refiere al cierre de las oficinas del Ibavi en Menorca e Ibiza, Cayuela ha insistido en que «no le quedó más remedio» porque «tenía que eliminar gastos» y «una práctica empresarial es reducir el número de oficinas». Aún así, ha sostenido que «no se dejó sin servicio a la gente de estas islas», ya que «se desplazaba personal de Palma dos veces a la semana».
Otro de los asuntos por los que se le ha consultado es si el Ibavi ejercerá su derecho de tanteo y retracto sobre 53 pisos que han salido a subasta en Maó -también ha anunciado que hay otra posibilidad de ejercerlo sobre una promoción de Alaró-. Cayuela ha avanzado que no lo ejercerán «en aplicación de unos criterios aprobados por el PSIB», pero que le parecen «correctos», entre los que ha asegurado que se recoge que el inmueble tiene que estar libre de cargas o al corriente del pago de impuestos, entre otros conceptos. También ha alegado que el departamento jurídico del Ibavi ha elaborado un informe en el que pone «en duda» que se pueda ejercer ese derecho de tanteo y retracto, ya que los pisos se encuentran en un «proceso judicial» y no es «una operación entre grandes tenedores».
Por parte del Grupo Parlamentario de MÉS per Mallorca ha participado el diputado Ferran Rosa, que le ha pedido que especifique cuántas viviendas planea construir -algo que también le han preguntado el resto de grupos- y le ha reprochado el cierre de oficinas y despido de personal en un periodo en el que «otras empresas públicas del Govern lo aumentaron». De igual modo, el parlamentario ha criticado que redujera la partida de inversiones del Ibavi o que con la venta de solares públicos se consiguieran 40 millones, pero que no revirtiera en la misma cantidad en las cuentas del Ibavi. También le ha pedido que reclame al Govern alguna fuente de financiación para suplir la parte del Impuesto de Turismo Sostenible que no se destinará a este organismo como ha avanzado el Ejecutivo balear. Rosa también le ha interrogado sobre si se mantendrá la partida presupuestaria para el tanteo y retracto o cuáles serán los criterios constructivos que seguirá el Ibavi para las nuevas promociones.
«Se promocionarán todos los materiales tradicionales y técnicas constructivas, que no se cambiarán pero se hará de otra manera, y no se aplicará en el 100% de las promociones porque se considera que no es adecuado, al generar unos gastos de mantenimiento impresionantes, así que se aprobarán unos criterios técnicos nuevos un poco más conservadores», ha puntualizado Cayuela. Durante su intervención, el director del Ibavi también ha avanzado que creará una escuela y centro de investigación para la formación de maestros de obra y aparejadores, que pretende que sea «un centro de referencia a nivel estatal». También ha aclarado que se intentará engordar la plantilla del Ibavi con personal propio, ya que algunos de ellos son de la empresa Tragsa, pero ha incidido en que del tanteo y retracto «no se cambiará ni una coma».
Una de las cuestiones que también le ha planteado Rosa es cuántas de las viviendas vacías espera sacar al mercado, a lo que Cayeula ha respondido que con sacar un cinco por ciento de las 60.000 que estima que hay «se conformaría» y un diez por ciento «sería la bomba». En lo que se refiere a la cifra de viviendas que prevé construir, ha evitado dar datos exactos pero «será superior a las 1.200 construidas en la pasada legislatura». Otra de las participantes en la comisión ha sido la diputada de Unidas Podemos Cristina Gómez, que fue directora de la oficina del Ibavi en Menorca cuando Cayuela decidió su cierre y una de las trabajadoras despedidas. Gómez ha indicado que la Justicia reconoció su despido como improcedente y fue indemnizada con 6.000 euros, mientras que el Ibavi «no se defendió para alegar causas económicas y ahorrarse estas indemnizaciones».
La diputada le ha recriminado su intención de «bajar la calidad» de los materiales, algo que, a su juicio, derivará en «un mayor coste de mantenimiento» o que «directamente se dejará de hacer este mantenimiento», y también le ha preguntado por las oficinas de acompañamiento de vivienda que prevé la Ley de Vivienda. Cayuela ha indicado que la partida presupuestaria de mantenimiento intentará que se «aumente bastante» y que las oficinas de acompañamiento se pondrán en marcha «antes de Navidad». Sobre su despido, ha justificado que eran «momentos muy complicados». En cuanto a los proyectos en marcha que tiene el Ibavi -también preguntado por Gómez-, ha indicado que hay 17 desde enero, con ocho en solicitud de convenio del suelo y dos de ellos con modificaciones de los arquitectos.
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