Un requisito obligado pero sin un cambio jurídico para la Princesa

De esta manera la posición de Leonor varía muy poco con el acto de esta mañana: «Hará más cosas, presidirá actos, tendrá audiencias, pero porque son actos que por tradición se vienen haciendo, pero no están fijados en ningún texto legal». Oliver recuerda que lo único que aclara la Constitución es cómo se llevará a cabo la sucesión, habla de la regencia o del juramento. Sin embargo, «no se ha querido desarrollar una ley orgánica que regule la institución ni la figura del príncipe heredero».

Esa falta de un mandato específico plantea dos inconvenientes para el catedrático. «No es inviolable y podrá se procesada ante el Tribunal Supremo. El Rey sí lo es y de sus actos responden los que los han refrendado. Los actos de la princesa no tienen refrendo por lo que ella sería la responsable». En otras monarquías parlamentarias, como el Reino Unido o incluso en Japón sí que existe una normativa que desarrolla el papel del heredero. «Sería conveniente regular sus funciones y sus cometidos».

En cualquier caso, el que sea un acto simbólico no le quita ese valor. «La Corona no tiene poder efectivo: advierte, anima o aconseja. Es una figura de autorictas, no de potestas. Todo lo que le envuelve es marketing monárquico». Jurídicamente este juramento no le vincula ser o no reina. «Es una condición que se adquiere de forma automática». Sin embargo, en ese contexto de «racionalizar lo irracional» el acto aporta «un sentido de continuidad histórica, que no haya vacío en la institución y en el símbolo y eso, para mucha gente es importante».

También aclara Oliver que el hecho que sea una jura tampoco implica nada: «En ninguna norma se dice qué significa jurar o prometer. Se dice que se jura por Dios y se promete por su honor, pero no está en ninguna ley».