Los jueces de las Islas estudian otras fórmulas para expresar su protesta. En la imagen, la apertura del año judicial del pasado septiembre. | Pere Bota

TW
26

El monumental enfado de jueces con el texto del acuerdo entre PSOE y Junts se traslada a Baleares. Los magistrados de las Islas han respaldado de forma mayoritaria el comunicado común de los jueces decanos por las referencias a ‘lawfare' o «judicialización de la política» que contiene el documento.
La decana de Palma, Sonia Vidal, explica que el comunicado de los jueces decanos suscribe el que ya avanzaron todas las asociaciones judiciales y que pretende dar voz y representar a los miembros de la judicatura que no están asociados, que superan la mitad del colectivo. El texto fue compartido con los titulares de los juzgados unipersonales de Palma y ratificado por una gran mayoría de los mismos.

En el documento se muestra un rechazo frontal a las referencias a comisiones de investigación parlamentarias «a fin de determinar de presencia de situaciones de judicalización de la política». Para los magistrados, «ello podría suponer, en la práctica, someter a revisión parlamentaria los procedimientos y decisiones judiciales con evidente intromisión en la independencia judicial y quiebra de la separación de poderes».

El texto de los decanos recuerda que los jueces han de estar «sometidos únicamente al imperio de la ley» y que no son aceptables expresiones de este tipo, en tanto «traslucen alguna desconfianza en el funcionamiento del Poder Judicial».

Abogados

A las críticas al acuerdo también se ha sumado la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Balears. En un comunicado muestran su «rechazo más absoluto a la inclusión del concepto de judicialización de la política y a la anunciada creación de comisiones parlamentarias de investigación». Apuntan a que un control parlamentario de decisiones judiciales, «supone un riesgo inasumible de quiebra de la separación de poderes y, por tanto, una amenaza directa sobre el principio de independencia judicial, uno de los fundamentos de un estado de derecho moderno y democrático». Los abogados advierten que se siembran «dudas inaceptables» sobre el funcionamiento de los juzgados y tribunales.