La portavoz, Catalina Bibiloni, posa para este diario en Inca. | Juanjo Roig

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Catalina Bibiloni representa, temporalmente, a las 35 entidades educativas y sociales que se han unido contra la propuesta del Govern de impulsar un plan piloto voluntario para extender la elección de lengua más allá de la primera enseñanza, que llega a segundo de Primaria. Profesora de Formació i Orientació Laboral, Bibiloni también es presidenta de la Junta de Personal Docent no Universitari de Mallorca y vicepresidenta de la Obra Cultural Balear.

Uno de los asesores de la presidenta que intentó evitar que le dieran plantón dijo que el acuerdo con Vox os sorprendería, que incluso os gustaría. ¿Es mejor de lo esperado? —El impacto que tendrá la libre elección será brutal. No son consciente de lo que han firmado porque no les importa la lengua propia de Balears. No es algo menor, han ido a tocar el entorno social donde el catalán todavía tiene una capacidad socializadora. La propuesta generará fractura a medio plazo. Han resuelto un tema técnico y político con la ultraderecha, pero pasará factura.

Incluso las entidades que han presionado para sacar adelante este plan lingüístico se han mostrado defraudadas con el resultado. ¿No lo están sobredimensionando? —Hay que ver donde funciona bien la lengua: en la Administración, en los medios y en la escuela, donde se usa para integrar a recién llegados, para que conozcan la cultura de las Islas. Estos grupúsculos tienen en el punto de mira la educación porque es donde se forja la identidad de las personas. Su plan fractura y separará por lenguas. Si durante 25 años la lengua ha sido un consenso, esto supone un ataque. Que lo quieran empequeñecer es otra cosa, pero el PP les ha dado mucho. Estamos muy decepcionados y preocupados porque se traslada la carga política de las familias a los docentes y los que sean más intolerantes exigirán cambiar el modelo lingüístico del centro. No es ningún trauma para nadie aprender catalán. Los informes PISA dejan claro que las comunidades bilingües tiene mejor nota en castellano que las monolingües. El criterio del Govern, por tanto, no es pedagógico.

La libre elección en la primera enseñanza solo implica aplicar la Llei de Normalitzación Lingüística y el plan piloto para extenderlo al resto de etapas es voluntario. Además, la falta de espacio es otro obstáculo para adherirse. ¿No le parece que todo queda igual? —La realidad, en todas las aulas, es que hay un retroceso de esta lengua y, cuando un alumno acaba sus estudios, supuestamente debería dominar las dos lenguas, cosa que no pasa. En los centros que se adhieran al plan esto directamente no se podrá cumplir.

Las entidades que representa son todas de la pública, excepto USO, principal sindicato de la concertada.¿Cómo lo valora? —Es verdad que USO participa y forma parte de la red de las 35 entidades porque consideran que es necesario mantener el modelo vigente y evitar crear conflictos innecesarios. Sin embargo, las patronales avalan la propuesta del Govern. En la concertada no quieren según qué tipos de alumnos. Si eres un recién llegado, no podrás ir a estos centros, y ahora, encima, la Conselleria quiere recuperar el punto de antigüedad de alumno. Esto es segregación social, y es muy fuerte.

¿Temen que Vox busque ahora presionar a los centros que decidan no acogerse al plan? —La ultraderecha ya ha empezado a informar a las familias de que pueden pedir a los centros elegir la lengua, y han empezado por Calvià. Les da igual que las escuelas públicas apliquen o no el plan voluntario. Para ellos ya es un triunfo generar conflicto con este tema para molestar a los claustros. Si hay un aumento de demanda de peticiones y se presiona, ya será un éxito en sí mismo, porque esto supondrá un cambio en el claustro para que ceda ante las familias más intolerantes. Nos han tirado la pelota encima.

¿Qué otras medidas lingüísticascreen que podrían impulsarse durante esta legislatura? —Esta es de las más fuertes que podían impulsar, no quiero ni imaginar lo que puede venir. Queremos dotar a los centros de las herramientas legales necesarias para frenar la imposición del plan y las ideas de la ultradrecha, en esto estamos trabajando las entidades. Desde el punto de vista jurídico y pedagógico. Como la Administración ha dejado a los centros que decidan su proyecto, les dotaremos de estos recursos.

¿Cree que la indignación irá a más? — Estamos al inicio de la legislatura y solo nos bombardean con el catalán. Esto es una carrera de fondo, no es de un día para otro, pero ya se están poniendo en marcha grupos de trabajo. El Govern actual empezó quitando el requisito del catalán en la sanidad, como promesa política, no porque afectara a la falta de médicos, que no vienen por lo caro que es todo. La Conselleria ahora intenta que los recortes no generen indignación para evitar que la gente salga a las calles, pero si se estira tanto la cuerda, como ahora, no bastará que se mantengan los recursos económicos. Hay un agotamiento emocional desde la pandemia, agravado con la LOMLOE, y ahora vienen con esta batalla política contra la lengua. Más presión no se aguantará y el conseller ha sido docente y sabe de lo que hablamos.

¿Hay alguna reunión a la vista con el conseller Antoni Vera? —De momento, ninguna. En septiembre, antes de todo esto, la relación era buena, realmente pensábamos que se podría alargar durante la legislatura, pero la confianza se ha roto, y ganarla cuesta.

¿Cree que Marga Prohens ha aprendido lo que pasó con José Ramón Bauzá, como ella mismo dijo? —Quieren hacer creer que la culpa es de la ultraderecha, pero la culpa no es solo de Vox, el PP es responsable del pacto que ha firmado.