En octubre, el CdR ya acogió como nuevos miembros del plenario a los también presidentes populares de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón; Extremadura, María Guardiola; Cantabria, María José Sáenz de Buruaga y La Rioja, Gonzalo Capellán, además del de Canarias, Fernando Clavijo, que es de Coalición Canaria.
Una vez en el pleno del Comité, los miembros se agrupan de acuerdo con su afiliación política, es decir, con el partido al que pertenecen a escala europea, y no lo hacen en función de su nacionalidad, aunque sí que existe una cierta coordinación, ya que mantienen reuniones periódicas de la delegación española del CdR.
Aparte de Azcón y Prohens, que se convierten en miembros del pleno del CdR por su condición de presidentes autonómicos, el Consejo de la UE, el ente que reúne a los gobiernos de cada país miembro y que se encarga de formalizar las designaciones al CdR, también avaló hoy el nombramiento de varios miembros sustitutos. Habitualmente, son consejeros o directores generales autonómicos, que intervienen en la sesión plenaria del CdR si el presidente titular no puede o no desea acudir.
Fueron designados como miembros suplentes: por parte del Gobierno de Aragón, la consejera de la Presidencia, Interior y Cultura, Tomasa Hernández; por parte de la Comunidad de Madrid, la directora general de Cooperación con el Estado y la UE, Cristina Menéndez; por parte del Gobierno de Canarias, la directora general de Asuntos Europeos, Celia Alberto; y por parte del Gobierno de La Rioja, la directora general de Fondos y Relaciones con la UE, Esther Herranz.
Todas las comunidades autónomas, salvo Ceuta y Melilla, cuentan con un representante en el Comité de las Regiones. En total, la delegación española tiene 21 miembros: 17 autonómicos y otros cuatro que representan al mundo local, reservados para la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
El CdR es el organismo consultivo de la UE encargado de representar a los cargos locales y regionales de los Veintisiete, y está formado 329 miembros que se reúnen cinco o seis veces al año en Bruselas para celebrar plenos donde fijan sus prioridades políticas o emiten dictámenes para opinar sobre las leyes que propone la Comisión Europea, sin capacidad de vetarlas.
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Otra paga para la saca.