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La entonces ministra, Pilar Llop, presentó el proyecto en un acto en Cort el dos de diciembre del año pasado. El calendario que entonces anunció implicaba cerrar la operación en el primer trimestre de 2023 y licitar la redacción del proyecto antes de final de año. | M. À. Cañellas - M.A. CAÑELLAS

Víctor MalagónPalma17/12/23 0:29
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El Ministerio de Justicia no tiene en su poder aún los terrenos en los que construir el nuevo edificio judicial de Palma. El proyecto fue desvelado hace justo ahora un año por la entonces titular del departamento, Pilar Llop, en una reunión en la que el anuncio estrella era la adquisición de una parcela en Son Pardo a la Sareb. El planteamiento era formalizar la operación en el primer trimestre de este año y, en el segundo trimestre licitar el proyecto para la construcción. El coste de la propiedad es de cinco millones de euros.

Sin embargo, el propio Ministerio admite que no ha podido cumplir ese calendario. Lo achaca a problemas urbanísticos con la parcela después de que la aprobación definitiva del Plan General de Palma se publicara en el mes de mayo y afectara el inicio de la tramitación urbanística. Según fuentes ministeriales el plan incluye una disposición que retrasa su entrada en vigor a la construcción de la nueva depuradora. Eso, de acuerdo con el Ministerio conlleva cambios y una renegociación en los términos de la adquisición de la parcela que ha retrasado las gestiones para la compra. En cualquier caso, desde Justicia se insiste en que todas las partes están acelerando el proceso en la medida de lo posible.

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Los terrenos de la nueva ciudad de la Justicia han costado cinco millones de euros

De acuerdo con fuentes judiciales de la Isla, la compra ahora mismo está pendiente del visto bueno del Ministerio de Hacienda, que es quien formaliza la operación, dado que el suelo pasará a ser propiedad de Patrimonio Nacional, no del Ministerio de Justicia.

El primero de los retrasos tuvo que ver con la entrada en vigor definitiva del plan urbanístico municipal, publicado en mayo, lo que demoró la firma de la adquisición. Hacienda puso pegas ante el documento definitivo y requirió un informe al Ajuntament de Palma en pleno traspaso de poderes entre los dos equipos de gobierno. El nuevo alcalde, Jaime Martínez, mostró su disposición a colaborar con el proyecto y la respuesta fue remitida con rapidez a Madrid. Así las cosas, el asunto está ahora en Hacienda a la espera de formalizar la operación de compra y se encuentra con un nuevo relevo, en este caso en la cúpula del Ministerio de Justicia, con la salida de la responsable que comprometió el proyecto, Pilar Llop y su sustitución por Félix Bolaños. En cualquier caso, siguen buena parte de los cargos intermedios relacionados con la operación. El nuevo edificio tendrá una superficie de 40.000 metros cuadrados y no sustituirá a todas las sedes judiciales actuales de Palma. A falta de concretar el proyecto exacto, la intención es aprovechar su cercanía con la cárcel para trasladar, al menos, los juzgados unipersonales penales. Las sedes actuales de Via Alemania y sa Gerrería tienen su espacio totalmente agotado y carecen de sitio para instalar nuevos órganos judiciales.

Ahora mismo están pendientes de abrir desde hace meses un nuevo juzgado de lo Contencioso Administrativo y un nuevo Mercantil ante las dificultades para hacerles hueco en ambos edificios o en las sedes que tiene alquiladas el Ministerio.

El apunte

Otros flancos abiertos para el nuevo ministro: los juzgados de Manacor y la sede de Fiscalía

En Mallorca el Ministerio tiene otros frentes abiertos con sedes judiciales. El más avanzado es el que tiene que ver con los nuevos juzgados de Manacor, un proyecto que lleva una década abierta y que parte de la cesión de unos terrenos por parte del consistorio para construir un nuevo inmueble. El proyecto ya está redactado y el Ministerio ha solicitado licencia de obras para comenzar la construcción. El último obstáculo surgió hace unos meses con un problema en la parcela, a la que le faltaban unos metros cuadrados para poderlos destinar a aparcamientos. Una vez que el Ajuntament solventó ese problema no hay ninguna traba en principio para que puedan comenzar las obras para sustituir unas sedes obsoletas desde hace años.
El problema con la sede de la Fiscalía es diferente. El edificio que ocupa el Ministerio Público pertenece a la comunidad autónoma que lo cedió en el año 2005 a Justicia. Esa cesión, fue en principio por diez años y se prorrogó. Terminaría dentro de dos años y, el Ministerio tendrá que negociar de nuevo con el Govern si se prolonga o se busca otra alternativa mientras se construye el nuevo edificio judicial y se decide si se traslada allí o no a los fiscales, una demanda que se formuló en su momento.
La otra obra que tiene pendiente el Ministerio en las Islas son los juzgados de Ciutadella, que ahora mismo están en antiguas viviendas y en condiciones pésimas. El ejecutivo central tiene ya cedido el solar para la construcción y los Presupuestos Generales del Estado para el año que viene deberían contar con una partida para impulsar el proyecto y sacar a concurso su redacción. En Eivissa, que cuenta con una nueva sede, es necesaria una actuación para adecuar parte del edificio que aún no se ha podido ocupar de forma íntegra.