Idoia Ribas y Sebastià Sagreras, en una imagen de archivo durante el acto de firma del acuerdo programático del pasado mes de junio. | Efe

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El PP ha cedido finalmente ante Vox para conseguir la aprobación de los Presupuestos para el año que viene ante la posibilidad de que el partido de extrema derecha se abstuviera y tumbara las cuentas, lo que hubiera obligado a Marga Prohens a gobernar al año que viene con los presupuestos de Francina Armengol prorrogados. Estas son las principales medidas que han conseguido incorporar a los presupuestos.

Supresión 'de facto' del impuesto de patrimonio

El Govern ha aceptado eliminar este impuesto a los más ricos que hasta ahora pagaban los ciudadanos con bienes con un valor superior a los 700.000 euros, sin contar la vivienda habitual. A partir de ahora solo lo pagarán aquellos con bienes superiores a los 3 millones de euros, sin contar la vivienda habitual, lo que supone 'de facto' la supresión ya que la mayor parte de los contribuyentes quedarán exentos. En cualquier caso, la medida, una pérdida de ingresos de unos 70 millones de los 86 que se recaudan, tendrá efectos en 2025, que es cuando se liquida el impuesto.

Desgravaciones por alquiler y por el cuidado a dependientes

Las enmiendas de Vox que ha aceptado el PP incluyen una desgravación del 30 % de los ingresos de los propietarios que alquilen sus viviendas hasta un máximo de 3.600 euros. También se ha aprobado una enmienda para desgravar el 40 % de los gastos que dediquen las familias al cuidado de personas dependientes ya sea para pagar a cuidadores o residencias. La desgravación máxima es también de 3.600 euros por contribuyente. También hay ayudas para el fomento del autoempleo y una reducción del 30 % para quien ocupe plazas de difícil cobertura en Baleares.

20 millones de euros para la elección de lengua en las aulas

El PP ha incorporado finalmente a las cuentas la polémica partida de 20 millones de euros para implantar el plan piloto de elección de lengua en los centros escolares a partir del próximo curso. El dinero se sumará al presupuesto global de la Conselleria de Educación ya que se detraerá de la partida para amortizar deuda. Esta era una de las propuestas a las que más se resistía el Govern porque argumenta que, al ser voluntario, es muy difícil calcular cuánto costará este plan.

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Más inspectores para que no haya «adoctrinamiento» en los colegios

Vox también ha conseguido que se suman 200.000 euros a la partida destinada a inspección educativa con el objetivo de aumentar el número de inspectores y evitar el "adoctrinamiento" en las aulas. La enmienda de Vox dice textualmente que este dinero debe servir "para asegurar la ausencia de intromisiones ideológicas y adoctrinamientos en las aulas». El PP ya dio el visto bueno a esta propuesta en la fase de comisión.

Fin a las subvenciones a sindicatos y organizaciones empresariales

Una de las propuestas que más le ha costado aceptar al PP ha sido la petición de retirar 400.000 euros en concepto de subvenciones a sindicatos y organizaciones empresariales. La medida afecta a CAEB, PIMEM, UGT y CCOO y los sindicatos ya han mostrado su malestar por esta decisión. Vox cree que el presupuesto no debe incluir subvenciones nominativas y señala que este dinero se destinará íntegramente a la atención a la discapacidad.

Auditoría a empresas y otros organismos públicos

Una vez que entre en vigor el presupuesto, el Govern quedará obligado a realizar una auditoría a las empresas públicas y organismos para eliminar aquellos que se consideren innecesarios, los famosos 'chiringuitos' de los que habla esta formación. Se comprobará la legalidad y gestión eficiente de las empresas y entes públicos autonómicos "para eliminar los que no reporten beneficios para la ciudadanía y supongan un gasto supérfluo, duplicado o con fines ideológicos", según Vox.

Oficina en defensa de las víctimas de la okupación

El Govern deberá destinar un millón de euros a la creación de la oficina de defensa para las víctimas de okupación ilegal y ayudas a quienes sean objeto de estas okupaciones, a pesar de esa voluntad de Vox de acabar con los 'chiringuitos. En materia de vivienda, también se destinarán tres millones de euros para el programa alquiler seguro.